Un niño de 12 años murió este martes en San Bernardo, Chile, tras ser arrastrado cinco kilómetros por el auto familiar que fue robado por una banda de adolescentes mientras regresaban de un viaje desde Mendoza.
El trágico episodio se desencadenó a la 1:00 de la madrugada en la intersección de la calle Catemito y la colectora de la ruta 5 Sur, en la Región Metropolitana de Santiago. La víctima viajaba junto a su padre y una tía hacia su domicilio en Puente Alto cuando fueron interceptados por un grupo de entre cinco y seis delincuentes. Según indicaron fuentes de Carabineros de Chile, los asaltantes obligaron a los adultos a descender del vehículo de manera violenta, pero el menor no logró desabrochar su cinturón de seguridad a tiempo. Al iniciar la fuga a alta velocidad, los delincuentes arrastraron al niño por la cinta asfáltica durante varios kilómetros, provocándole heridas que resultaron fatales de forma instantánea. La brutalidad del hecho generó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad, que iniciaron un operativo cerrojo en las vías de acceso a la capital chilena.
La investigación policial permitió establecer que los delincuentes se desorientaron durante la huida, lo que facilitó su localización por parte de las patrullas que recorrían la zona sur de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la detención de cuatro sospechosos. Entre los aprehendidos se encuentra un adolescente de 17 años que se entregó en una comisaría local acompañado por sus padres, donde admitió su participación directa en el asalto. Otros dos jóvenes fueron capturados en procedimientos derivados de las pericias iniciales, mientras que un quinto integrante de la banda ya fue identificado y cuenta con una orden de captura internacional. Fuentes judiciales informaron que los detenidos enfrentarán cargos por robo con homicidio, un delito que en la legislación chilena contempla las penas más altas del código penal vigente.
Contexto
Este suceso ocurre en un momento de extrema sensibilidad en la región respecto a la seguridad vial y los delitos violentos cometidos por menores de edad. La familia de la víctima regresaba de la provincia de Mendoza, Argentina, donde habían pasado el fin de semana para celebrar el Día del Padre con allegados. El raid delictivo de la banda no comenzó con este vehículo; minutos antes del ataque en la ruta 5 Sur, los sospechosos habían sustraído otro automóvil en una estación de servicio cercana bajo la misma modalidad de abordaje violento. Los antecedentes recolectados por el Ministerio Público indican que el grupo operaba de manera coordinada, aprovechando la baja visibilidad y el escaso flujo vehicular de la madrugada para interceptar turistas o familias que regresaban a la Región Metropolitana desde el sur o desde los pasos fronterizos con Argentina.
El caso guarda una similitud técnica y trágica con el fallecimiento de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió en circunstancias casi idénticas en la ciudad de La Plata, Argentina. En aquel antecedente, la menor también quedó enganchada de su cinturón de seguridad mientras delincuentes intentaban sustraer el vehículo de su madre, siendo arrastrada por 15 cuadras. Estos eventos pusieron de relieve la peligrosidad de los sistemas de retención infantil cuando no pueden ser liberados rápidamente en situaciones de pánico o violencia extrema. En Chile, la recurrencia de las denominadas “encerronas” —robos de vehículos en autopistas mediante el bloqueo del paso— creció un 15% en el último semestre, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que motivó un refuerzo de la vigilancia en los nudos viales más críticos de San Bernardo y Puente Alto.
Impacto
La muerte del menor provocó una reacción inmediata en los niveles más altos del Poder Ejecutivo chileno, reavivando el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la severidad de las condenas. El presidente de Chile, José Antonio Kast, utilizó sus canales oficiales para exigir la pena máxima contra los responsables, manifestando su expectativa de que los culpables sean condenados a prisión por el resto de su vida sin beneficios procesales. Esta postura fue respaldada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien calificó el hecho como un “delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo el país”. Arrau enfatizó que la justicia debe actuar con celeridad para dar una respuesta institucional a una sociedad que demanda mayor control sobre las bandas juveniles armadas que operan en la periferia de Santiago.
Desde el punto de vista social y jurídico, el impacto se traduce en una presión creciente sobre el Congreso Nacional para reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Organizaciones de víctimas de delitos violentos señalaron que la participación de menores en asaltos con desenlace fatal requiere un tratamiento diferenciado cuando existe un desprecio total por la vida humana, como ocurrió en este arrastre de cinco kilómetros. El Ministerio de Seguridad Pública anunció que se presentarán como querellantes en la causa, buscando asegurar que no existan atenuantes por la edad de los implicados. En términos operativos, Carabineros dispuso un despliegue especial de 200 efectivos adicionales en la ruta 5 Sur para realizar controles preventivos y evitar que bandas similares utilicen las colectoras de San Bernardo como zonas de caza para nuevos asaltos.
El próximo paso procesal será la audiencia de formalización de los cuatro detenidos, donde la Fiscalía presentará las pruebas recolectadas, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad de la estación de servicio y peritajes mecánicos sobre el vehículo recuperado. La búsqueda del quinto sospechoso continúa con rastrillajes en la zona de Puente Alto, mientras la familia de la víctima aguarda la entrega del cuerpo tras las pericias forenses de rigor. La tensión política se mantiene alta, ya que la oposición y el oficialismo coinciden en que este caso marca un punto de inflexión en la gestión de la seguridad urbana y la protección de los ciudadanos en las autopistas nacionales.
