El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudó hoy a las 9:40 las audiencias por la desaparición de Loan Danilo Peña en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, tras un cuarto intermedio de 72 horas dispuesto por los magistrados.
La jornada comenzó bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, este último participando de forma remota mediante videoconferencia desde la provincia de Río Negro debido a inconvenientes en su traslado físico. El proceso judicial, que según estimaciones de fuentes de los tribunales federales correntinos podría extenderse por un período mínimo de seis meses, enfrenta una etapa decisiva con la identificación formal de los 17 imputados y el tratamiento de los planteos de nulidad interpuestos por las defensas técnicas. La fiscalía federal, que atribuye a los acusados roles específicos en la sustracción, ocultamiento y posterior desvío de la investigación, aguarda la resolución de estas cuestiones preliminares para avanzar hacia la etapa de declaraciones indagatorias, donde la figura de Laudelina Peña cobra especial relevancia ante la posibilidad de que brinde nuevos detalles sobre el paradero del menor.
El operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Escuadrón 48 responde a una planificación estratégica para evitar incidentes entre los propios detenidos. Fuentes judiciales indicaron que existen marcadas diferencias y conflictos internos entre los 17 imputados, lo que obligó a implementar un sistema de traslado y ubicación “encapsulado” para garantizar la integridad física de cada uno y el normal desarrollo del debate. En las afueras del recinto, el grupo autoconvocado conocido como “Madres Corajudas” realizó una proclama pública cargada de emotividad, exigiendo que los acusados rompan el silencio y aporten datos concretos sobre lo ocurrido con Loan. Esta presión social se suma a la complejidad técnica del juicio, donde cada imputado debe ser retirado de la sala mientras otro presta declaración, un procedimiento que los operadores del mercado judicial califican como engorroso pero necesario para preservar el derecho de defensa y evitar la contaminación de los relatos.
Durante la apertura del debate, las defensas presentaron una serie de nulidades que obligaron al tribunal a correr vista a la fiscalía para su correspondiente respuesta. Este paso procesal es fundamental, ya que los jueces Ceroleni, Belforte y Bracco deben decidir si resuelven estos planteos de manera inmediata o si los postergan para la etapa de sentencia definitiva. Una vez superada esta instancia, se procederá a la identificación individual de los acusados, quienes tendrán la oportunidad de ampliar sus indagatorias. A diferencia de los testigos, los imputados no están obligados a decir la verdad y sus dichos se consideran una pieza de defensa técnica, lo que implica que cualquier contradicción o falsedad en su relato no puede ser utilizada como prueba de cargo en su contra, según explicaron especialistas en derecho penal vinculados al caso.
Contexto
La desaparición de Loan Danilo Peña se produjo en un contexto de extrema vulnerabilidad institucional en la provincia de Corrientes, lo que derivó en la intervención de la justicia federal ante la sospecha de delitos de trata de personas y sustracción de menores. Desde el inicio de las actuaciones, la causa estuvo marcada por irregularidades en las primeras diligencias policiales y una serie de versiones contradictorias que involucraron a familiares directos y autoridades locales. Laudelina Peña, tía del menor, se convirtió en una figura central del expediente tras haber introducido versiones que luego fueron desestimadas por los investigadores, lo que la posicionó como una de las principales sospechosas de las maniobras de encubrimiento. El paso del tiempo sin rastros del niño incrementó la tensión social y política, llevando a que el Ministerio de Seguridad de la Nación y diversas fuerzas federales centraran sus recursos en el esclarecimiento de un hecho que conmocionó a la opinión pública nacional.
Los antecedentes de este juicio oral remiten a una instrucción compleja que acumuló miles de fojas y decenas de peritajes sobre dispositivos electrónicos y rastreos de campo. La decisión de elevar la causa a juicio con 17 procesados refleja la hipótesis de una organización o red de complicidades que operó de manera coordinada. Los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal de Corrientes enfrentan el desafío de ordenar un proceso con una cantidad inusual de imputados y una carga probatoria que depende, en gran medida, de los testimonios que puedan surgir durante las audiencias. La demora de 72 horas previa a esta jornada fue utilizada por las partes para analizar las últimas pruebas incorporadas y ajustar las estrategias ante un tribunal que busca evitar cualquier vicio procesal que pueda derivar en futuras nulidades por parte de las instancias superiores de Casación.
Impacto
El desarrollo de este juicio tiene un impacto directo en la jurisprudencia argentina respecto a los casos de desaparición de menores y la responsabilidad de los adultos a cargo. La resolución de las nulidades planteadas hoy marcará el ritmo de las próximas semanas y determinará si el proceso avanza hacia una etapa de mayor transparencia o si se estanca en tecnicismos legales. Para la sociedad correntina y las organizaciones de derechos humanos, el veredicto de este tribunal representará una señal sobre la capacidad del Estado para desarticular redes de captación y sancionar el encubrimiento institucional. Además, el uso de la tecnología para la participación remota del juez Bracco sienta un precedente sobre la continuidad de los debates orales ante contingencias logísticas, asegurando que el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas prevalezca sobre los obstáculos geográficos.
Desde el punto de vista operativo, la logística de las indagatorias individuales, donde los acusados deben ser aislados unos de otros, prolongará significativamente los tiempos del debate. Esto afecta no solo a los recursos del Poder Judicial de la Nación, sino también a la dinámica de las fuerzas de seguridad encargadas de los traslados desde las unidades penitenciarias. La expectativa de la fiscalía es que, ante la inminencia de penas elevadas, alguno de los imputados opte por brindar información verídica que permita localizar a Loan, rompiendo el pacto de silencio que ha caracterizado a gran parte de los detenidos desde el inicio de la investigación en junio de 2024. El resultado de estas jornadas será clave para determinar si la justicia federal logra cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal reciente de la región.
En las próximas horas, el tribunal deberá expedirse sobre las cuestiones preliminares para dar inicio formal a la ronda de indagatorias. Se espera que Laudelina Peña sea la primera en solicitar la palabra, en lo que podría ser un testimonio bisagra para el futuro de la causa. El cronograma de audiencias continuará durante toda la semana, con la citación de los primeros testigos de la lista oficial, mientras se mantiene la vigilancia sobre los 17 imputados para prevenir nuevos conflictos internos que pongan en riesgo la continuidad del proceso judicial.
