El Tribunal de Juicio de Mercedes, Corrientes, condenó por unanimidad a un hombre identificado como G. N. G. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, estafa y extorsión cometidos contra una mujer de esa localidad.
La resolución judicial, dictada tras dos horas de deliberación, estableció que el imputado utilizó su rol de curandero para ejecutar un raid delictivo sostenido entre octubre de 2023 y enero de 2024. Según fuentes judiciales de la Tercera Circunscripción, las maniobras abusivas y defraudatorias se desarrollaron de manera sistemática, lo que permitió a los magistrados encuadrar los hechos bajo la figura de delito continuado y en concurso real. Esta calificación técnica resulta fundamental, ya que elevará la escala penal al momento de fijar los años de prisión efectiva en la próxima audiencia de cesura. El fallo determinó que el acusado combinó engaños económicos basados en la vulnerabilidad espiritual de la víctima con agresiones físicas y sexuales directas.
En el mismo proceso penal se analizó la participación de una segunda persona, identificada como R. A. R., quien inicialmente enfrentaba cargos por complicidad en las estafas. Si bien los jueces resolvieron absolverla de los delitos patrimoniales por insuficiencia probatoria y la eximieron del pago de las costas procesales, su situación legal dio un giro drástico respecto a los hechos ocurridos en el último tramo del período investigado. El tribunal acreditó que la mujer participó activamente como coautora material de una extorsión ejecutada en enero de 2024. De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, R. A. R. colaboró con el curandero en actos intimidatorios dirigidos a la misma víctima, utilizando amenazas para obtener beneficios económicos adicionales bajo presión.
Por otra parte, la justicia del norte argentino también dictó sentencia en un caso de extrema gravedad institucional en Salta, donde el policía Alberto Gabriel Guaymás recibió una pena de siete años de prisión efectiva. La jueza María Victoria Montoya Quiroga halló al efectivo culpable de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming en perjuicio de dos menores de edad, de cinco y doce años. Además de la reclusión, se le impuso una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por 14 años. Según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, el agente utilizó su condición de funcionario y la confianza de su entorno para perpetrar los ataques, uno de los cuales ocurrió mientras la madre de la víctima menor se encontraba en la misma vivienda.
La investigación sobre el policía Guaymás reveló un patrón de conducta predatorio que incluyó el uso de recursos estatales para captar víctimas. En el caso de la adolescente de 12 años, el condenado obtuvo su número telefónico tras un llamado que la joven realizó al sistema de emergencias 911. A partir de ese dato, inició un acoso digital que incluyó preguntas de contenido sexual y solicitudes de fotografías. La fiscal Celina Morales Torino, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, remarcó que el imputado quebrantó el deber de protección inherente a su uniforme, aprovechando la asimetría de poder y la vulnerabilidad de las familias afectadas, quienes manifestaron haber desarrollado un profundo temor hacia las fuerzas de seguridad tras los incidentes.
Contexto
El caso del curandero en Corrientes se inscribe en una problemática recurrente en el interior del país, donde la explotación de creencias populares suele ser el vehículo para delitos contra la propiedad y la integridad física. Los hechos juzgados en Mercedes ocurrieron en un lapso de cuatro meses, tiempo durante el cual el victimario logró establecer un vínculo de dependencia con la denunciante. Por su parte, el caso del policía en Salta pone de manifiesto las fallas en los controles internos de las fuerzas de seguridad. Guaymás no solo abusó de una niña de cinco años en un ámbito privado, sino que utilizó la base de datos del 911, una herramienta crítica de seguridad ciudadana, para cometer grooming contra una adolescente, lo que motivó una revisión de los protocolos de acceso a la información sensible en la policía salteña.
Históricamente, las condenas por abuso sexual en contextos de asimetría de poder —ya sea espiritual o institucional— han enfrentado dificultades probatorias. Sin embargo, en ambos procesos judiciales actuales, los testimonios en Cámara Gesell y las pericias psicológicas fueron determinantes. En el caso de la niña de cinco años en Salta, el relato fue considerado consistente y firme por los profesionales de salud mental, a pesar de la ausencia de testigos directos en el momento del acto. Las pericias indicaron que la menor sufrió alteraciones graves en su desarrollo emocional, problemas de aprendizaje y episodios de angustia que afectaron su rendimiento escolar, lo que permitió a la justicia cuantificar el daño causado por el efectivo policial.
Impacto
Estas sentencias generan un precedente relevante en la justicia regional al aplicar el concurso real de delitos, lo que impide que las penas menores sean absorbidas por las mayores, garantizando castigos más severos. En Corrientes, la condena al curandero G. N. G. y a su cómplice R. A. R. envía un mensaje de alerta sobre las redes de estafas que operan bajo fachadas de sanación. La resolución judicial subraya que el consentimiento en estos casos está viciado por el engaño y la manipulación psicológica. Para la comunidad de Mercedes, el fallo representa un alivio institucional tras meses de conmoción por la sistematicidad de los abusos reportados por la víctima, quien debió enfrentar no solo el daño sexual sino también la pérdida de su patrimonio económico.
En el ámbito de la seguridad pública, la condena al policía Guaymás impacta directamente en la confianza de la sociedad hacia las instituciones. El hecho de que un efectivo utilizara el sistema 911 para captar a una menor de edad obligó a la justicia a aplicar los artículos 119 y 131 del Código Penal con el máximo rigor posible. Según operadores del sistema judicial salteño, este fallo busca reparar el daño moral causado a una familia que, tras el incidente, debió modificar sus rutinas diarias y desarrolló una desconfianza crónica hacia quienes portan uniforme. La inhabilitación por el doble del tiempo de la condena efectiva refuerza la idea de que el Estado no tolerará el uso de la autoridad para la comisión de delitos de integridad sexual.
Tras la lectura de los veredictos de culpabilidad en ambos casos, los procesos entran ahora en su etapa final de mensuración de pena. En Corrientes, se espera que la audiencia de cesura defina cuántos años pasarán en prisión G. N. G. y R. A. R., mientras que en Salta, la defensa de Guaymás podría apelar la sentencia ante instancias superiores, aunque el exoficial permanecerá detenido dada la gravedad de los cargos y el riesgo de entorpecimiento. Las querellas en ambos casos han solicitado que se mantenga la prisión preventiva efectiva para garantizar que los condenados cumplan la totalidad de las penas que se impongan en los próximos días.
