La Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario desarticularon este martes una organización criminal vinculada a robos calificados tras realizar operativos simultáneos en Rosario, Ibarlucea, Cañada de Gómez y Coronda, bajo las órdenes de las fiscalías regionales.
El despliegue policial, ejecutado durante la tarde y noche, permitió la detención de Maximiliano Jesús D. y Milton Uriel L., ambos de 18 años, quienes están señalados como piezas operativas de una estructura delictiva compleja. Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, el operativo incluyó la notificación por asociación ilícita de Agustina Ayelén A., de 29 años, y Ruth Mailén A., de 28, quienes fueron trasladadas para cumplir medidas procesales y posteriormente recuperaron la libertad. Durante las requisas, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y material estupefaciente. En un domicilio particular de Rosario, la División Canes Detectores localizó envoltorios con cocaína ocultos, un hallazgo que, según los investigadores judiciales, permite robustecer la acusación por la diversificación de actividades ilícitas de la banda, que no se limitaba únicamente a los asaltos a mano armada.
La investigación, que demandó meses de tareas de inteligencia, determinó que la organización funcionaba con una división de roles estrictamente jerarquizada para garantizar la impunidad de sus ataques. De acuerdo con los reportes de los analistas criminales, mientras un grupo se encargaba de la ejecución material de los robos —caracterizados por el uso de armas de fuego y la privación ilegítima de la libertad de las víctimas—, otra célula manejaba la logística crítica. Este segundo grupo proveía los vehículos utilizados en los escapes, modificaba las patentes para evitar el rastreo de las cámaras de seguridad, suministraba el armamento y resguardaba los elementos sustraídos en aguantaderos distribuidos en el Gran Rosario. Los fiscales Juan Pablo Baños, Juan Pablo Oggero y Melisa Serena, pertenecientes a las jurisdicciones de Casilda, Las Rosas y San Lorenzo, coordinaron las acciones tras detectar un patrón común en un robo calificado ocurrido originalmente en la localidad de Los Molinos.
Contexto
El surgimiento de esta investigación se remonta a una serie de asaltos violentos registrados en el cordón industrial y zonas rurales de Santa Fe, donde la modalidad de robo calificado con privación de la libertad comenzó a repetirse con frecuencia alarmante. Según datos de la Secretaría de Análisis Criminal, la banda utilizaba tecnología de comunicaciones para coordinar los golpes en tiempo real, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a emplear herramientas de alta complejidad técnica. Los investigadores utilizaron intervenciones telefónicas autorizadas, estudios sobre el impacto de antenas de telefonía móvil y pericias forenses a dispositivos electrónicos secuestrados en causas anteriores. Este cruce de datos permitió identificar que la estructura no operaba de forma aislada, sino que mantenía vínculos con internos de establecimientos penitenciarios, lo que motivó las requisas en las cárceles de la provincia por parte de la Unidad de Captura de Alto Perfil.
Históricamente, la región de Rosario y sus localidades aledañas han enfrentado el desafío de organizaciones que migran del delito común al crimen organizado mediante la profesionalización de su logística. En este caso, la vinculación de hechos ocurridos en Los Molinos con otros episodios en Cañada de Gómez y San Lorenzo evidenció una movilidad geográfica que buscaba saturar la capacidad de respuesta de las comisarías locales. La participación de la Brigada de Capturas y la Brigada de Automotores en esta causa responde a la necesidad de atacar el mercado ilegal de vehículos robados, que funciona como el motor principal para la movilidad de estas bandas. Los antecedentes de los detenidos y el material secuestrado sugieren que la organización estaba en una fase de expansión, incorporando el tráfico de estupefacientes a pequeña escala como una unidad de negocios complementaria a los robos armados.
Impacto
La desarticulación de esta célula impacta directamente en la seguridad de los corredores viales de la provincia, ya que la banda tenía capacidad de operar en múltiples jurisdicciones de forma simultánea. Según operadores del sistema judicial, la detención de los encargados de la logística es más significativa que la captura de los ejecutores, dado que despoja a la organización de los recursos necesarios para rearmarse en el corto plazo. La incautación de los dispositivos móviles es considerada una pieza clave por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya que el contenido de los mensajes y la geolocalización de los aparatos permitirán identificar a los proveedores de armas y a los reducidores de la mercadería robada. Además, el operativo refuerza la estrategia de control sobre la población carcelaria, limitando la capacidad de mando y comunicación que los líderes de estas bandas suelen ejercer desde el interior de los penales.
Para la administración provincial, el éxito de estos procedimientos coordinados entre la PDI y el Servicio Penitenciario valida el uso de grupos tácticos y canes detectores en zonas urbanas densas como Rosario e Ibarlucea. La cooperación interinstitucional mencionada por el Ministerio de Justicia y Seguridad busca enviar un mensaje de saturación y control en áreas donde la delincuencia organizada ha intentado establecer zonas de influencia. El impacto también se extiende al ámbito preventivo, ya que la identificación de los métodos de modificación de patentes y el uso de vehículos específicos permite a las fuerzas de seguridad actualizar sus protocolos de vigilancia en rutas y accesos. La recuperación de dinero en efectivo y estupefacientes debilita financieramente a la estructura, dificultando el pago de abogados y el sostenimiento de la red de protección que suelen tejer estos grupos en los barrios periféricos.
Las autoridades judiciales confirmaron que la investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ya que todavía restan identificar a otros integrantes de la red logística. Los fiscales Baños, Oggero y Serena continúan analizando el material secuestrado para determinar si la banda tiene conexiones con otras organizaciones criminales de mayor envergadura que operan en el sur provincial. El próximo paso procesal será la audiencia imputativa para Maximiliano Jesús D. y Milton Uriel L., donde se presentarán las pruebas recolectadas mediante las pericias tecnológicas y los testimonios de las víctimas de los robos en Los Molinos y localidades vecinas.
