El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín condenó este lunes a tres años de prisión en suspenso a la empresaria María Eugenia Maronna y a dos cómplices por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Pilar.
La resolución judicial, firmada por el juez Juan Francisco Venditti, recayó sobre Maronna, de 49 años y propietaria de una agencia de automóviles; Fernando Aldo de Bórtoli, de 39 años, vinculado a la organización de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba; y Ricardo Gabriel Sosa, alias “El Gaby”, quien ya cumple una condena por tráfico de estupefacientes. Además de la pena privativa de la libertad, el magistrado impuso una multa económica de 260.000 dólares para cada uno de los involucrados y ordenó el decomiso inmediato de un lote de alto valor ubicado en el barrio privado Los Sauces, en la localidad de La Lonja, partido de Pilar. Según fuentes judiciales, el inmueble confiscado representa el núcleo de la maniobra delictiva iniciada hace más de una década para introducir dinero de origen ilegal en el circuito formal.
El esquema de lavado se centró en la adquisición del lote 19 del mencionado country, una zona donde las propiedades de seis ambientes suelen cotizarse por encima de los 400.000 dólares. De acuerdo con la investigación que comenzó en el Juzgado Federal de Campana en 2016, Maronna adquirió el terreno en 2011 a pesar de estar registrada como monotributista categoría F, una condición fiscal que, según informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no justificaba los ingresos necesarios para tal operación. Posteriormente, el 30 de marzo de 2012, la empresaria simuló una operación de compra-venta con De Bórtoli por un monto de 250.000 dólares. Los peritajes contables determinaron que los fondos reales para estas transacciones provenían de Sosa, un hombre con un extenso prontuario en el transporte de marihuana a gran escala desde el litoral argentino hacia la zona norte del conurbano bonaerense.
La figura de Fernando Aldo de Bórtoli resulta clave para los investigadores del Ministerio de Seguridad, ya que se lo identifica como un eslabón logístico dentro de la estructura criminal liderada por Alan Villalba, hijo del histórico capo narco de San Martín. De Bórtoli, oriundo de Villa Ballester, solo registra antecedentes de empleo formal durante su permanencia en el Servicio Penitenciario Federal en años anteriores. Por su parte, Ricardo Gabriel Sosa sumó esta nueva condena a una pena previa de 15 años y seis meses de prisión dictada en 2017 por el Tribunal Federal N°2 de San Martín. Sosa, quien actualmente se encuentra alojado en una unidad penal federal en la provincia de Río Negro, había sido procesado originalmente por el transporte de cargamentos de marihuana prensada en una causa que también involucraba a concesionarias de autos en Posadas, Misiones.
Contexto
Esta condena no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama de vínculos familiares y comerciales que la justicia federal viene rastreando desde hace casi diez años. María Eugenia Maronna es hermana de Carlos Maronna, otro empresario del rubro automotor que fue enjuiciado el año pasado en Corrientes por maniobras similares de lavado de dinero narco a través de su propia concesionaria en Pilar. Los antecedentes del caso se remontan a 2011, cuando la familia Maronna comenzó a aparecer en expedientes judiciales relacionados con el movimiento de vehículos de alta gama, incluyendo un Corvette rojo que fue identificado en diversas investigaciones de transporte de estupefacientes. La conexión entre los negocios de venta de autos y el financiamiento de bandas criminales de San Martín ha sido una constante en las causas que tramitan en los tribunales de la zona norte.
La investigación original que derivó en esta sentencia fue un desprendimiento de un operativo mayor realizado en 2016, donde se detectó que las ganancias del tráfico de drogas no solo se reinvertían en logística, sino que buscaban refugio en el mercado inmobiliario de lujo. El uso de testaferros y la compra de lotes “en comisión” fueron las herramientas utilizadas para intentar ocultar al verdadero dueño del capital, Ricardo Sosa. Según indicaron fuentes del Banco Central y organismos de control financiero, la falta de capacidad económica de Maronna fue el hilo conductor que permitió a los peritos de la AFIP desarmar la estructura de la operación, al notar una inconsistencia absoluta entre sus declaraciones juradas y el valor de mercado de los activos que figuraban a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Impacto
La sentencia marca un precedente importante en la lucha contra el lavado de activos en barrios cerrados, una problemática que preocupa a las autoridades por la facilidad con la que el dinero del narcotráfico se infiltra en desarrollos premium. El decomiso del lote en Los Sauces representa un golpe financiero directo a la estructura de Sosa y Villalba, recuperando activos que superan el cuarto de millón de dólares para el Estado nacional. Para el mercado inmobiliario de Pilar, este fallo refuerza la necesidad de mayores controles de debida diligencia sobre el origen de los fondos en las operaciones de compra-venta de terrenos y viviendas de lujo, un sector que históricamente ha operado con altos niveles de informalidad en los boletos de compra-venta.
Asimismo, el impacto se extiende al ámbito penal para los involucrados. Aunque la pena de Maronna y De Bórtoli es de ejecución condicional, la unificación de penas para Ricardo Sosa lo mantendrá tras las rejas de forma efectiva hasta cumplir la totalidad de su condena global, que ahora incluye sus antecedentes en Neuquén y San Martín. La justicia ha dejado claro que la utilización de empresas legales, como agencias de autos, como fachada para el blanqueo de capitales será perseguida con la misma rigurosidad que el tráfico mismo. Operadores del mercado financiero señalaron que este tipo de multas, fijadas en moneda extranjera, buscan desincentivar la participación de profesionales y empresarios en esquemas de ocultamiento de activos ilícitos.
El próximo paso en la causa será la ejecución de las multas y el remate o asignación del lote decomisado, mientras la justicia federal continúa analizando otras transferencias de bienes realizadas por el entorno de los Maronna en la zona norte. Se espera que en mayo de 2025, Sosa pueda solicitar beneficios de salidas transitorias, aunque la nueva condena y la magnitud de los activos lavados podrían complicar su situación ante el juzgado de ejecución penal. La tensión persiste sobre otros miembros de la organización de Villalba que aún mantienen propiedades bajo sospecha en el mismo cordón de countries de la provincia de Buenos Aires.
