La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cedió el control de la agenda legislativa a los bloques aliados, quienes actualmente definen los tiempos y modifican artículos centrales de las leyes impulsadas por la Casa Rosada.
El escenario en la Cámara alta refleja una pérdida de centralidad de la conducción oficialista tras el intenso ritmo de las sesiones extraordinarias de los meses de diciembre y febrero. Según operadores parlamentarios, la estrategia de Bullrich de establecer puentes directos con el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, generó una profunda preocupación en los sectores dialoguistas. Estos bloques, fundamentales para alcanzar el quórum y la mayoría necesaria, reactivaron canales informales de comunicación con los funcionarios de Balcarce 50 para evitar quedar supeditados a los acuerdos bilaterales entre la exministra de Seguridad y el peronismo. La desconfianza radica en lo que describen como una falta de coordinación interna que termina por fragmentar los proyectos originales del Ejecutivo antes de llegar al recinto.
Uno de los puntos de mayor fricción se observa en la denominada “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. El dictamen de esta iniciativa fue impulsado por Bullrich de manera apresurada, incluso durante la ausencia del senador Agustín Coto (Tierra del Fuego), quien preside la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y se encontraba en un viaje oficial al exterior. A pesar de que la conducción de La Libertad Avanza (LLA) aseguró en reiteradas oportunidades contar con un consenso blindado, la realidad parlamentaria obligó a postergar el debate en la última sesión. Fuentes legislativas indicaron que los bloques aliados desconocían el texto final debido a las constantes modificaciones de último momento, lo que forzó a la legisladora porteña a reconocer desprolijidades en el cierre de los acuerdos técnicos.
La resistencia de los aliados también impuso un límite cuantitativo a las pretensiones del Gobierno: se notificó que cada sesión podrá tratar, como máximo, un solo tema de alta relevancia política para el Poder Ejecutivo. Esta restricción afectó directamente a la ley “Hojarasca”, el paquete de desregulación económica diseñado por el ministro Federico Sturzenegger. Aunque el despacho de esta norma fue rubricado el pasado miércoles, surgieron contradicciones internas sobre su contenido. Mientras Bullrich sugería que el texto incluía el fin de privilegios de estacionamiento y circulación para legisladores, se confirmó que en la Cámara de Diputados dichos beneficios fueron mantenidos, lo que aumentó el malestar por la falta de precisión en la información suministrada a las comisiones.
Contexto
El debilitamiento de la conducción oficialista en el Senado ocurre en un momento de reconfiguración de fuerzas tras el recambio legislativo y las primeras victorias parlamentarias del Gobierno. Durante el primer trimestre del año, el oficialismo logró imponer una dinámica de celeridad que ahora parece haberse agotado frente a las demandas de los gobernadores y los bloques provinciales. En mayo pasado, el proyecto de propiedad privada ya había sufrido un recorte significativo con la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), lo que representó un revés para los planes de regularización dominial del oficialismo. Asimismo, se introdujeron cambios en el régimen de expropiaciones y se suavizaron las cláusulas relacionadas con los desalojos exprés, evidenciando que la mayoría necesaria para sesionar tiene un costo alto en términos de contenido normativo.
A este panorama se suma la tensión por la Ley de Manejo del Fuego, una normativa que data de la gestión de Alberto Fernández y que cuenta con el respaldo histórico de Máximo Kirchner. Los aliados ya manifestaron reparos para desmantelar las prohibiciones vigentes, lo que complica la agenda de desregulación ambiental que pretende la Casa Rosada. En paralelo, la actividad institucional continúa con la convocatoria de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el senador jujeño Ezequiel Atauche. Para la jornada de mañana está prevista la asistencia de Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), quien deberá informar sobre los gastos del Estado ejecutados durante el ejercicio 2025, un área de especial interés tanto para la oposición como para los sectores que auditan la eficiencia del gasto público.
Impacto
La fragmentación de la agenda legislativa impacta directamente en la previsibilidad que el Gobierno intenta transmitir a los mercados y a los actores económicos. Al no poder garantizar la integridad de los proyectos de ley, como sucede con la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros, el Ejecutivo se ve obligado a aceptar condiciones que diluyen el espíritu original de las reformas. En el caso de las tierras en zonas de frontera, por ejemplo, los aliados lograron imponer que cualquier operación requiera no solo el aval de la Nación, sino también un dictamen obligatorio del Congreso, otorgando un poder de veto fáctico a los gobernadores de las provincias limítrofes. Esta descentralización de las decisiones legislativas ralentiza la implementación de las políticas de desregulación económica.
Por otro lado, el clima interno en el Senado se ha visto enrarecido por situaciones ajenas a la labor parlamentaria que generan distracciones en la opinión pública. En el edificio anexo de la Cámara alta se instaló recientemente un espacio de recreación con gigantografías de Lionel Messi y elementos decorativos vinculados a la selección argentina. Esta situación generó críticas internas debido a que la ornamentación obstruyó elementos de seguridad, como planos de salida de emergencia, y desvió la atención de los temas urgentes en un momento de crisis política. La presencia de una urna para depositar promesas deportivas en un ámbito de alta responsabilidad institucional fue calificada por algunos sectores como una falta de profesionalismo frente a la complejidad de las leyes que se encuentran en tratamiento.
El próximo paso para el oficialismo será intentar recuperar la iniciativa en la sesión prevista para este jueves, donde se pondrá a prueba la capacidad de Bullrich para contener las modificaciones de los aliados. La prioridad de la Casa Rosada es evitar que el Senado se convierta en un foco de conflicto permanente que opaque la gestión del Poder Ejecutivo. La atención estará puesta en si el oficialismo logra avanzar con el texto de propiedad privada sin ceder más artículos clave o si, por el contrario, la agenda seguirá siendo dictada por los bloques que ostentan los votos decisivos en el recinto. La relación con los gobernadores será, una vez más, el factor determinante para destrabar los proyectos que Sturzenegger considera vitales para la segunda etapa del plan económico.
