El Papa Pío VI firmó el 11 de julio de 1790 en Roma una licencia especial que autorizó al estudiante rioplatense Manuel Belgrano a leer y poseer libros prohibidos por la Iglesia Católica, exceptuando textos de astrología y obscenidad.
La resolución pontificia representó un quiebre en la rígida estructura de censura de la época, permitiendo que un joven de 21 años, entonces radicado en España, accediera a obras que estaban estrictamente vedadas para el común de los fieles. Belgrano, quien se desempeñaba como presidente de la Academia de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política en la Real Universidad de Salamanca, había solicitado formalmente esta dispensa mediante una carta redactada en latín. Según fuentes del Archivo General de la Nación y registros históricos eclesiásticos, el futuro prócer argumentó que el acceso a dicho material era indispensable para la “tranquilidad de su conciencia” y el “aumento de su erudición”, dada su destacada posición académica en una de las instituciones más prestigiosas del imperio español.
El documento emitido por la Secretaría Pontificia otorgó al postulante la “Licencia y Facultad” de por vida para consultar autores condenados, incluso aquellos calificados como herejes. Esta concesión, descrita por historiadores como una de las más amplias otorgadas a un laico rioplatense, impuso como única condición que los volúmenes no fueran compartidos con terceros para evitar la propagación de ideas consideradas peligrosas por la Corona y el Vaticano. Inmediatamente después de recibir la notificación, Belgrano inició la lectura de piezas fundamentales del pensamiento moderno, como “El espíritu de las leyes” de Montesquieu y diversos tratados de Voltaire, autores que constituían la base intelectual de la Revolución Francesa y que desafiaban directamente el absolutismo monárquico y el orden social establecido.
Contexto
Para comprender la relevancia de este permiso, es necesario analizar el funcionamiento del “Index librorum prohibitorum”, un catálogo de censura creado originalmente en 1515 bajo el papado de León X y consolidado universalmente en 1564 tras el Concilio de Trento. Este instrumento oficial de la Iglesia Católica se mantuvo vigente durante más de cuatro siglos, alcanzando en su última edición de 1948 la cifra de aproximadamente 4.000 títulos censurados. Las obras eran incluidas en esta lista negra no solo por cuestiones de fe o moralidad, sino principalmente por contener ideas políticas que promovían la libertad, la igualdad y la justicia, conceptos que los monarcas católicos de la época consideraban una amenaza directa a la estabilidad de sus reinos. Leer estos textos sin una autorización expresa era considerado un pecado grave y podía derivar en persecuciones por parte del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
Hacia finales del siglo XVIII, el ambiente intelectual en Europa estaba convulsionado por las ideas de la Ilustración, mientras que en las colonias americanas el control de la información era absoluto. Belgrano, hijo de un próspero comerciante italiano, formaba parte de una élite ilustrada que buscaba modernizar las estructuras económicas y sociales del Virreinato del Río de la Plata. Su formación en Salamanca no se limitó al Derecho Civil, donde obtuvo el grado de Bachiller, sino que se extendió hacia la naciente Economía Política. En este marco, el pedido al Papa no fue un acto de rebeldía, sino un movimiento estratégico de un intelectual católico que buscaba herramientas teóricas para reformar la administración colonial sin romper, inicialmente, con la ortodoxia religiosa que regía la vida pública y privada de la sociedad hispánica.
Impacto
El acceso legal de Belgrano a la literatura prohibida tuvo un impacto directo y verificable en la construcción del programa político y económico de la Revolución de Mayo de 1810. Al estudiar a economistas como François Quesnay y Adam Smith, el joven abogado pudo desarrollar una visión crítica contra el monopolio comercial y el mercantilismo que asfixiaba a las provincias del sur. De acuerdo con analistas del pensamiento político argentino, la paradoja reside en que fue la propia autoridad de Roma la que facilitó la formación del hombre que luego lideraría la demolición del orden colonial que la Iglesia sostenía. La erudición adquirida gracias a la licencia de Pío VI permitió que Belgrano introdujera en el Río de la Plata conceptos de soberanía popular y división de poderes que serían la piedra angular de las nuevas instituciones republicanas.
Asimismo, la influencia de estos textos se reflejó en su labor como secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, donde promovió la educación pública, la industria nacional y la agricultura como bases de la riqueza de las naciones. La correspondencia de Belgrano con sus padres revela el entusiasmo con el que recibió la noticia, calificando a Montesquieu como “el Inmortal” y planificando una inmersión profunda en las ideas que estaban transformando el mundo. Este permiso papal no solo benefició su carrera personal, sino que actuó como un puente intelectual que permitió el ingreso de la modernidad política a una región que, de otro modo, habría permanecido aislada de los debates fundamentales de la época por las barreras de la censura inquisitorial.
La figura de Manuel Belgrano se consolida así no solo como un jefe militar o un funcionario administrativo, sino como un intelectual de vanguardia que supo navegar las restricciones de su tiempo para obtener el conocimiento necesario para la emancipación. La tensión entre su fe católica y su adhesión a los principios liberales de la Ilustración marcó gran parte de su trayectoria pública. El próximo paso en la investigación histórica sobre este periodo se centra en identificar cuántos de esos volúmenes prohibidos formaron parte de la donación inicial que el prócer realizó para la creación de la Biblioteca Nacional, un legado que continúa siendo objeto de estudio para comprender las raíces del pensamiento democrático en la región.
