La Policía de la Ciudad secuestró más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas de contrabando durante una serie de allanamientos realizados en el barrio de Once, con un valor de mercado estimado en 123 millones de pesos.
El operativo, que tuvo lugar en nueve locales comerciales de la galería “La Juanita”, ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, fue el resultado de una investigación impulsada por la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad porteño. Según informaron fuentes de la fuerza de seguridad, las tareas de inteligencia permitieron detectar actividades vinculadas a la venta mayorista de indumentaria importada que ingresó al territorio nacional sin cumplir con los controles y requisitos aduaneros correspondientes. Los procedimientos se concentraron en puntos estratégicos a metros de la avenida Rivadavia y frente a la Plaza Miserere, una de las zonas de mayor tránsito comercial de la Capital Federal, donde se comercializaban productos de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
Durante las diligencias, los efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) trabajaron en conjunto con verificadores de la Dirección General de Aduanas, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo con los registros oficiales de la causa, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 1, bajo la titularidad del juez Ezequiel Berón de Astrada, ordenó los allanamientos simultáneos tras recolectar pruebas que confirmaban la ausencia de documentación respaldatoria para la mercadería exhibida. El detalle del decomiso incluyó 110 camperas de abrigo, remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior, además del calzado deportivo de primeras marcas que carecía de los sellos de importación obligatorios para su venta legal en el circuito comercial interno.
Fuentes judiciales indicaron que la investigación se centró en la trazabilidad de los productos, ya que los responsables de los locales no pudieron acreditar el origen lícito de las piezas ni presentaron las facturas de compra que validaran el ingreso por canales formales. Los peritos de ARCA que participaron en el lugar señalaron que la magnitud del stock incautado sugiere una estructura de distribución organizada que abastecía no solo al público minorista, sino también a otros revendedores de la zona metropolitana. La mercadería quedó bajo custodia judicial en depósitos oficiales mientras se realizan los peritajes correspondientes para determinar si, además del contrabando, existe el delito de falsificación de marcas, dada la similitud de los artículos con modelos de firmas internacionales de alta demanda.
Contexto
Este procedimiento se inscribe en una serie de acciones coordinadas para frenar el ingreso de mercadería ilegal por las fronteras terrestres, una problemática que ha mostrado un incremento en los últimos meses. Como antecedente directo, en abril de este año, la Policía de la Ciudad desbarató una maniobra similar en el barrio de Belgrano, donde se secuestró indumentaria valuada en más de 150 millones de pesos. En aquella ocasión, el operativo se realizó en un local de la calle Monroe al 2500, donde los investigadores descubrieron que se vendía ropa nueva etiquetada como usada para evadir controles. Aquella pesquisa, que duró dos meses, determinó que el flujo de mercadería provenía principalmente de Chile, ingresando al país a través de pasos fronterizos no habilitados o mediante declaraciones falsas en la aduana.
La recurrencia de estos operativos en centros comerciales neurálgicos como Once y Belgrano refleja una tendencia de las organizaciones criminales a utilizar locales con apariencia de legalidad para blanquear productos de contrabando. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires suele concentrarse en rubros de alta rotación como la indumentaria y el calzado, afectando directamente la recaudación fiscal y la sostenibilidad de los comercios que operan bajo las normas vigentes. La utilización de redes sociales para el “ciberpatrullaje” ha sido una herramienta clave para las autoridades, permitiendo identificar depósitos y puntos de venta que operan sin habilitación comercial ni sistemas de facturación registrados ante el fisco nacional.
Impacto
La importancia de este golpe al contrabando radica en la protección del mercado formal y la prevención de la competencia desleal. Desde el Ministerio de Seguridad porteño explicaron que estas maniobras no solo perjudican al Estado por la evasión de aranceles de importación e IVA, sino que también representan un riesgo para el consumidor, ya que los productos no cuentan con certificaciones de calidad ni garantías de origen. El impacto económico de los 123 millones de pesos retirados del circuito ilegal supone un mensaje directo hacia las redes de distribución que operan en la zona de Plaza Miserere, un sector donde la saturación de oferta irregular suele presionar a la baja los precios del comercio establecido, forzando en muchos casos el cierre de locales que no pueden competir con costos de mercadería ingresada sin impuestos.
Asimismo, la intervención de la Justicia en lo Penal Económico busca desarticular la cadena de suministros que permite que volúmenes tan significativos de mercadería atraviesen las fronteras sin ser detectados. Operadores del mercado aduanero sostienen que el decomiso de 13.000 prendas en un solo procedimiento evidencia una falla en los controles de transporte de carga, lo que derivará en nuevas líneas de investigación sobre las empresas de logística involucradas en el traslado de los bultos desde las zonas de frontera hasta los depósitos del área metropolitana. La causa penal ahora se enfoca en identificar a los propietarios reales de la galería y a los financistas detrás de la compra de los lotes de indumentaria, quienes podrían enfrentar penas de prisión y multas millonarias según lo estipulado por el Código Aduanero.
En las próximas semanas, el juez Berón de Astrada citará a declaración indagatoria a los responsables de los nueve locales allanados para que den cuenta de la procedencia de los artículos. Mientras tanto, la mercadería permanecerá incautada y, en caso de confirmarse la infracción aduanera definitiva, podría ser destinada a donaciones a través de organismos de desarrollo social o destruida si se comprueba que se trata de falsificaciones que vulneran la Ley de Marcas. La Policía de la Ciudad mantiene el despliegue de brigadas de civil en la zona de Once para monitorear posibles traslados de stock remanente hacia otros puntos de venta clandestinos en el conurbano bonaerense.
