La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este fin de semana a Lautaro G., de 18 años, sospechoso de participar en el asesinato de Nehemías José Altamirano en Villa Gobernador Gálvez.
El operativo, que consistió en dos allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la zona de José Ingenieros al 0, fue ordenado por el fiscal Franco Miatello tras recolectar pruebas que vinculan al joven con el ataque armado. Durante los procedimientos, que contaron con el apoyo táctico de grupos de irrupción de la Unidad Regional II, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de un arsenal que incluye una escopeta recortada calibre 12, un revólver calibre 32 largo, cartuchería de diversos calibres y teléfonos celulares. Según indicaron fuentes judiciales, también se incautaron prendas de vestir que coinciden con las descripciones aportadas por testigos y registros fílmicos obtenidos durante las primeras semanas de la instrucción penal. El detenido quedó inmediatamente a disposición de la Justicia y será imputado en las próximas horas por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
La investigación que lidera el fiscal Miatello ya había registrado avances significativos el pasado 18 de mayo, cuando la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) capturó a un hombre de 47 años presuntamente implicado en la logística del crimen. En aquel procedimiento, los efectivos policiales hallaron una pistola calibre 380 con su respectivo cargador, dos escopetas adicionales, tres rifles de aire comprimido y una cantidad superior a los 130 cartuchos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo: 1.820 dólares y más de 13 millones de pesos argentinos. Estos elementos, sumados a los cuatro teléfonos celulares secuestrados en esa instancia, permitieron trazar una línea investigativa que conecta el asesinato de Altamirano con estructuras delictivas que operan en el departamento Rosario, orientando las hipótesis hacia un posible ajuste de cuentas o un ataque por encargo.
Los peritajes realizados en la escena del crimen, situada en un pasillo de Comandante Espora al 100 bis, resultaron determinantes para establecer la mecánica del hecho ocurrido la noche del 13 de mayo. Alrededor de las 21:00 horas, los vecinos alertaron al 911 tras escuchar una ráfaga de disparos que terminó con la vida de Altamirano, de 19 años. En el lugar, los peritos de la PDI recolectaron aproximadamente 20 vainas servidas de distintos calibres, dos plomos y un cartucho intacto. La diversidad de la munición encontrada confirmó a los investigadores que en el ataque se utilizaron al menos dos armas de fuego diferentes, lo que refuerza la teoría de que actuaron dos o más agresores de forma coordinada. La autopsia, solicitada por la fiscal Agustina Eiris, confirmó que la víctima falleció de manera instantánea debido a múltiples impactos en el tórax y en uno de sus brazos, lesiones que le provocaron un shock hipovolémico irreversible antes de que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) pudiera intervenir.
Contexto
El asesinato de Nehemías Altamirano se produjo en un momento de extrema sensibilidad para la seguridad pública en el Gran Rosario, siendo el segundo homicidio registrado en Villa Gobernador Gálvez en lo que va del año. Esta localidad, lindante con la zona sur de Rosario, ha sido históricamente un territorio en disputa por bandas locales dedicadas al narcomenudeo y las extorsiones. El hecho de que el ataque se haya perpetrado en un pasillo estrecho y con una cantidad inusual de disparos —más de 20 detonaciones para un solo objetivo— marca una tendencia de violencia letal que las autoridades provinciales intentan contener mediante el despliegue de fuerzas federales y operativos de saturación. Antecedentes inmediatos en la zona muestran que este tipo de ejecuciones suelen estar precedidas por amenazas previas o conflictos territoriales que escalan rápidamente ante la disponibilidad de armas de fuego de diversos calibres en el mercado ilegal.
Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que la detención de Lautaro G. es el resultado de un cruce de datos entre la central de emergencias 911 y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. La investigación debió sortear el hermetismo inicial de los testigos, quienes por temor a represalias evitaron declarar en las primeras horas posteriores al crimen. No obstante, el hallazgo de los 13 millones de pesos en el primer allanamiento de mayo cambió el eje de la causa, sugiriendo que el trasfondo del homicidio podría estar vinculado a una organización con capacidad financiera y logística superior a la de una banda barrial común. Este contexto de violencia organizada es el que ha llevado a la creación de unidades específicas como la UVAL, encargada de intervenir en casos donde la letalidad y el uso de armamento de guerra son la norma.
Impacto
La captura de este segundo sospechoso representa un avance institucional en la lucha contra la impunidad en crímenes de alta complejidad en la provincia. Para la comunidad de Villa Gobernador Gálvez, la resolución de este caso es clave para desarticular células delictivas que utilizan la violencia extrema como método de control social. El impacto directo se observa en la capacidad de respuesta del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que en menos de 40 días logró identificar y detener a dos de los presuntos responsables, además de incautar un volumen de fuego considerable que sale de circulación de las calles. Operadores del mercado judicial sostienen que el secuestro de los 13 millones de pesos y los dólares abre una nueva vía de investigación por lavado de activos, lo que podría derivar en futuras imputaciones para otros miembros de la organización que no participaron directamente del tiroteo pero que sostienen la estructura económica.
Asimismo, el caso de Altamirano pone de relieve la problemática de la participación de jóvenes de apenas 18 años en delitos de sangre, un fenómeno que preocupa a los analistas de seguridad ciudadana por la baja edad de los sicarios o ejecutores materiales. La incautación de prendas de vestir y chips telefónicos en el último allanamiento permitirá a los peritos informáticos realizar un análisis de las comunicaciones previas y posteriores al 13 de mayo, lo que podría revelar quién dio la orden de ejecutar a la víctima. Este tipo de evidencia tecnológica es hoy fundamental para transformar una detención por sospecha en una condena firme, especialmente en causas donde la prueba testimonial suele ser escasa o reticente debido al entorno de violencia en el que se desarrollan los hechos.
El próximo paso procesal será la audiencia imputativa contra Lautaro G., donde el fiscal Franco Miatello presentará formalmente los cargos y solicitará la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones continúa con las pericias balísticas sobre las armas secuestradas —la escopeta 12 y el revólver 32— para determinar si fueron las utilizadas en el pasillo de Comandante Espora o si están vinculadas a otros hechos delictivos recientes en la región. La tensión en Villa Gobernador Gálvez permanece latente mientras se busca identificar a posibles cómplices adicionales que habrían prestado apoyo logístico para la huida de los agresores la noche del crimen.
