La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a trece años de prisión para Silvia Alejandra Rosignoli, una sargento de la Policía Federal que asesinó a su media hermana en el barrio porteño de Recoleta.
El fallo del máximo tribunal, que lleva las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisible el último recurso de queja presentado por la defensa de la uniformada. Con esta resolución, la justicia argentina cierra de manera definitiva el proceso penal iniciado tras el crimen de Yolanda Monzón, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2019. La decisión judicial ratifica la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal, que en 2021 halló a Rosignoli culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según fuentes judiciales, la resolución de la Corte no implica un análisis sobre el fondo de la cuestión, sino que se basa en el incumplimiento de requisitos procesales para habilitar la instancia extraordinaria, lo que agota todas las vías de apelación para la condenada de 50 años.
Los hechos reconstruidos durante el debate oral y las etapas de instrucción determinaron que el asesinato se produjo en un inmueble ubicado en la avenida Pueyrredón al 1000. En aquel departamento, Rosignoli se encontraba junto a Monzón, quien se desempeñaba como auxiliar de segunda en la Policía de la Ciudad. De acuerdo con los peritajes toxicológicos incorporados al expediente, ambas mujeres habían consumido bebidas alcohólicas durante la jornada. La investigación judicial estableció que, tras una fuerte discusión cuyos motivos específicos no pudieron ser precisados con exactitud, Rosignoli tomó una pistola Bersa y efectuó un disparo directo al rostro de su hermana. El proyectil impactó en la zona del ojo de la víctima, provocándole la muerte de forma instantánea antes de que pudiera recibir cualquier tipo de asistencia médica por parte de los servicios de emergencia que arribaron al lugar tras el llamado al 911.
Durante todo el proceso, la estrategia de la defensa de la sargento primera se centró en intentar encuadrar el hecho bajo la figura de homicidio culposo o imprudente. Rosignoli sostuvo en sus declaraciones que el disparo se produjo de manera accidental mientras manipulaba el arma, la cual, según su versión, había adquirido recientemente y le estaba mostrando a su hermana. Sin embargo, los peritajes balísticos realizados por especialistas de la Gendarmería Nacional resultaron determinantes para desmoronar esta hipótesis. Los expertos concluyeron que la trayectoria del proyectil y la mecánica del disparo no eran compatibles con una descarga involuntaria. Además, el personal de la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad que intervino inicialmente reportó que la acusada presentaba signos evidentes de intoxicación etílica y una crisis nerviosa, por lo que debió ser trasladada bajo custodia al hospital policial Bartolomé Churruca antes de quedar formalmente detenida.
Contexto
El caso de Silvia Alejandra Rosignoli se inscribe en una serie de episodios de violencia interna dentro de las fuerzas de seguridad que han generado preocupación en los organismos de control institucional. El crimen ocurrió en un contexto de alta vulnerabilidad debido al consumo de alcohol y la presencia de armas reglamentarias en un ámbito doméstico. En 2021, el Tribunal Oral n° 8 valoró no solo las pruebas materiales, sino también los testimonios que daban cuenta de una relación conflictiva previa entre las medias hermanas. La Cámara Nacional de Casación Penal ya había ratificado la condena anteriormente, subrayando que la condición de policía de la acusada agravaba la responsabilidad sobre el manejo del armamento. La jurisprudencia argentina ha sido estricta en los últimos años respecto a los miembros de fuerzas de seguridad que alegan accidentes en situaciones de conflicto personal, exigiendo un estándar de cuidado superior debido a su formación profesional.
La cronología judicial muestra que el proceso se extendió por siete años desde el momento del disparo hasta la resolución final de la Corte Suprema este 18 de junio de 2026. Durante este tiempo, la defensa agotó todas las instancias posibles, desde el tribunal de primera instancia hasta la Casación, buscando reducir la pena de trece años a una escala menor correspondiente a la negligencia. No obstante, los jueces de las distintas instancias coincidieron en que existió dolo, es decir, la intención clara de producir la muerte, potenciada por el contexto de una pelea física previa que dejó marcas en el departamento y en la propia acusada. La intervención de fuerzas federales en los peritajes buscó garantizar la transparencia del proceso, dado que tanto la victimaria como la víctima pertenecían a instituciones policiales distintas, lo que obligó a un despliegue técnico exhaustivo para evitar sesgos institucionales.
Impacto
La resolución de la Corte Suprema tiene un impacto directo en la ejecución de la pena de Rosignoli, quien ya no cuenta con herramientas legales para revertir su situación de encierro. Este fallo sienta un precedente relevante sobre la inadmisibilidad de recursos que intentan forzar la figura del accidente en casos donde la evidencia balística demuestra una acción dirigida. Para el sistema de seguridad pública, el caso refuerza la necesidad de protocolos más estrictos sobre la tenencia de armas fuera del horario de servicio y el seguimiento psicológico de los efectivos. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que este tipo de sentencias firmes son fundamentales para mantener la disciplina y la ética profesional dentro de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias penales del uso indebido del arma reglamentaria en conflictos privados.
Desde el punto de vista social y familiar, el cierre del caso permite finalizar un proceso doloroso que involucró a dos familias vinculadas por la sangre pero enfrentadas por la tragedia. La condena de trece años refleja un equilibrio entre la gravedad del homicidio y las circunstancias atenuantes que pudieron haber influido en el momento del hecho, aunque la justicia fue taxativa al descartar la imprudencia. El archivo definitivo de las actuaciones, ordenado por el máximo tribunal, pone fin a la incertidumbre jurídica y confirma que la sargento Rosignoli deberá cumplir la totalidad de su condena en una unidad penitenciaria federal, sin posibilidad de nuevas revisiones ordinarias sobre la materialidad del crimen cometido en aquel departamento de la avenida Pueyrredón.
Con la firma de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el expediente será devuelto al tribunal de origen para que se proceda al cómputo final de la pena y se asegure el cumplimiento efectivo de la sentencia. La sargento Rosignoli, que actualmente tiene 50 años, permanecerá bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal hasta agotar los trece años de prisión impuestos. El caso queda así sellado como uno de los episodios más dramáticos de violencia fratricida entre integrantes de las fuerzas de seguridad en la historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires, dejando pendiente el debate sobre la prevención de este tipo de conductas en el personal armado.
