La Legislatura porteña sancionó este jueves una reforma integral del Código Contravencional que endurece significativamente las penas contra cuidacoches y limpiavidrios informales, elevando las multas máximas a $6,6 millones y extendiendo los plazos de arresto efectivo.
La iniciativa, que contó con el respaldo del oficialismo de Vamos Juntos y el bloque de La Libertad Avanza, obtuvo 36 votos a favor y 18 en contra. El nuevo esquema normativo modifica sustancialmente las sanciones vigentes hasta la fecha, que apenas contemplaban entre uno y dos días de trabajos de utilidad pública o multas de hasta 300 unidades fijas. Con la nueva legislación, las penas escalan a un rango de diez a treinta días de arresto, trabajos comunitarios de 20 a 45 días o sanciones económicas que parten de las 1200 hasta las 7000 unidades fijas. Dado el valor actual de la unidad fija en la Ciudad de Buenos Aires, el monto máximo de la sanción pecuniaria se sitúa en los $6.649.930, una cifra que busca desincentivar la actividad en los puntos de mayor conflicto de la Capital Federal.
El texto aprobado introduce agravantes específicos que permiten duplicar las penas en casos donde se verifiquen conductas intimidatorias o amenazas directas hacia los conductores. Según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, la reforma pone especial énfasis en la desarticulación de estructuras organizadas. En este sentido, quienes participen de una organización previa para el cobro de estacionamiento podrán recibir arrestos de 20 a 50 días, mientras que los organizadores o responsables jerárquicos de estas redes enfrentarán hasta 60 días de detención. Además, se estableció una sanción accesoria que prohíbe a los condenados por estas contravenciones acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por un período de dos años, una medida que generó intensos debates durante la sesión ordinaria.
Contexto
La problemática de los denominados “trapitos” ha sido un eje central de la agenda de seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires durante la última década, exacerbada por la proliferación de eventos masivos y la falta de herramientas legales para una persecución efectiva. Hasta esta reforma, la figura del cuidacoches operaba en una zona gris donde la dificultad para probar la exigencia de dinero —y no la mera aceptación de una propina voluntaria— impedía el accionar policial y judicial. Los registros de la Justicia porteña indican que la actividad informal de estacionamiento es una de las contravenciones con mayor volumen de denuncias vecinales, especialmente en barrios como Palermo, Belgrano y Núñez, donde los montos exigidos de manera informal pueden superar los $50.000 por vehículo durante recitales o partidos de fútbol de alta convocatoria.
Durante el debate parlamentario, la diputada oficialista Gimena Villafruela argumentó que la reforma responde a un hartazgo social profundo frente a una minoría que intenta imponer reglas propias en el espacio público. Por su parte, Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, sostuvo que la medida busca terminar con la coacción y el uso del miedo como método de recaudación. En la vereda opuesta, bloques como Fuerza Buenos Aires, representados por Federico Mochi y Claudia Neira, cuestionaron que la norma no aborda la posible connivencia de sectores de la Policía de la Ciudad en el funcionamiento de estas redes, advirtiendo que el enfoque punitivo sobre el eslabón más débil de la cadena no resolverá el problema de fondo sin una auditoría sobre las fuerzas de seguridad.
Impacto
El impacto inmediato de esta ley se sentirá en los operativos de seguridad desplegados alrededor de espectáculos masivos. La nueva regulación establece un radio de exclusión de 30 cuadras alrededor de estadios, parques y centros de convenciones, donde las sanciones se agravan desde tres horas antes del inicio del evento hasta dos horas después de su finalización. Un dato clave es la responsabilidad solidaria que ahora recae sobre las entidades organizadoras: si la actividad se registra en las inmediaciones de un estadio, los clubes o productoras responsables podrán enfrentar multas de entre 10.000 y 40.000 unidades fijas, lo que representa montos de entre $9,5 millones y $38 millones, además de posibles clausuras de hasta 90 días.
Desde el punto de vista operativo, la Policía de la Ciudad contará con facultades ampliadas para intervenir ante la sola presencia de personas ejerciendo la actividad sin autorización, sin necesidad de que medie una denuncia por extorsión en el momento exacto del intercambio de dinero. Operadores del sistema judicial porteño señalan que esto agilizará los procesos de flagrancia, permitiendo detenciones preventivas más efectivas. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de la capacidad de control en las zonas críticas y de la coordinación entre los fiscales contravencionales y las fuerzas de calle para evitar que la actividad simplemente se desplace hacia zonas aledañas no alcanzadas por los operativos especiales.
Más allá de la regulación de los cuidacoches, la sesión legislativa también dejó definiciones de peso en materia de infraestructura y justicia. Se aprobó, con una amplia mayoría de 56 votos, la autorización para que el Ejecutivo porteño tome deuda por hasta 1350 millones de dólares destinada a la construcción de la Línea F de subte, que unirá Barracas con Palermo a través de once estaciones. Asimismo, se dio luz verde a la creación de un Registro de Perfiles Genéticos para optimizar las investigaciones penales y la identificación de personas desaparecidas, junto con un Programa de Desendeudamiento Familiar orientado a ciudadanos en situación de vulnerabilidad financiera. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la sanción de la ley contra los trapitos calificándola como un paso fundamental para recuperar el orden y proteger a los ciudadanos frente a prácticas extorsivas.
