La Unidad Fiscal Federal de Salta coordina una investigación sobre una red criminal dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez en el departamento de Anta, donde se otorgaban beneficios económicos fraudulentos a cambio de favores electorales.
El esquema delictivo, que operaba con una estructura profesionalizada, era coordinado por un ex funcionario municipal de la zona y contaba con la participación activa de médicos, bioquímicos y enfermeros. Según informaron fuentes de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, la organización reclutaba a familias en situación de vulnerabilidad a través de punteros políticos. Estos intermediarios ofrecían la gestión de pensiones por discapacidad sin que los beneficiarios padecieran patología alguna, bajo la condición estricta de comprometer su voto en los comicios locales para las facciones políticas que facilitaban el acceso al cobro mensual del Estado nacional.
Las pericias judiciales determinaron que los profesionales de la salud involucrados extendían certificados médicos con diagnósticos sistemáticamente repetidos para justificar la supuesta invalidez. Entre las patologías más frecuentes figuraban la enfermedad de Chagas y desviaciones severas en la columna vertebral. Para sostener el engaño ante las auditorías, la red utilizaba laboratorios propios donde se fraguaban resultados clínicos y se falsificaban placas radiográficas. De acuerdo con los peritos de la fuerza de seguridad, se detectó que el 90 % de las radiografías secuestradas presentaban desviaciones de columna y, en muchos casos, las placas tenían espacios en blanco para completar el nombre del paciente según la necesidad del trámite, permitiendo reutilizar un mismo estudio médico para múltiples expedientes fraudulentos.
Durante los operativos más recientes, ordenados por el Juzgado Federal de Garantías N° 2, se realizaron nueve allanamientos simultáneos en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. En estos procedimientos, los efectivos de Gendarmería incautaron una cantidad significativa de documentación que compromete a la administración pública local. Se hallaron archivos con certificados médicos firmados por funcionarios que carecían de formación en medicina, lo que evidencia una connivencia institucional que permitía saltear los controles básicos del sistema previsional. Además, se secuestraron estudios de Chagas que eran copias de originales, utilizados para dotar de una apariencia de legalidad a los legajos que luego eran validados en mesas de auditoría médica local integradas por miembros de la misma organización.
Contexto
El origen de esta causa judicial se remonta a noviembre de 2024, tras una denuncia preliminar que alertó sobre maniobras sospechosas en el otorgamiento de beneficios previsionales en el interior de la provincia de Salta. Ante la magnitud del entramado y la sospecha de una asociación ilícita de carácter sistémico, en junio de 2025 el fiscal federal resolvió conformar un equipo especial de investigación integrado por miembros de tres fiscalías descentralizadas. Esta decisión permitió realizar un entrecruzamiento masivo de datos de los beneficiarios del sistema en el departamento de Anta, revelando una desproporción estadística en la cantidad de pensiones por invalidez otorgadas en comparación con otras regiones de la provincia con similares características demográficas.
La investigación permitió establecer que la maniobra no era un hecho aislado, sino una práctica que se había naturalizado en la región bajo la protección de funcionarios municipales y el aval de profesionales que integraban equipos médicos tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. En septiembre de 2025, una primera fase de la investigación, autorizada por el Juez de Garantías N° 1, ya había derivado en allanamientos y en las primeras imputaciones formales por los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los antecedentes recolectados indican que el esquema se sostenía mediante una cadena de mando clara que vinculaba la necesidad social con el clientelismo político y el desvío de fondos nacionales.
Impacto
El impacto de esta red de corrupción afecta directamente las arcas del Estado nacional y la transparencia del sistema de seguridad social, al desviar recursos destinados a personas con discapacidades reales hacia un circuito de financiamiento político ilegal. Desde el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad indicaron que este tipo de maniobras no solo representan un perjuicio económico millonario, sino que también degradan la confianza en las instituciones sanitarias, dado que profesionales matriculados pusieron sus conocimientos al servicio de un fraude electoral. La utilización de diagnósticos de enfermedades endémicas como el Chagas para fines delictivos genera, además, una distorsión en las estadísticas epidemiológicas de la región, afectando potencialmente el diseño de políticas públicas de salud.
Por otro lado, la investigación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mecanismos de control en las auditorías médicas locales, donde la falta de supervisión externa permitió que certificados falsificados y placas radiográficas duplicadas pasaran los filtros administrativos durante años. Según operadores del sistema judicial, el caso de Salta podría ser el puntapié inicial para auditorías más rigurosas en otras provincias del norte argentino, donde se sospecha que operan redes similares que utilizan las pensiones no contributivas como herramienta de control territorial y captación de sufragios en sectores de bajos recursos, transformando un derecho social en una moneda de cambio electoral.
Tras la finalización de la segunda etapa operativa ejecutada este martes, la Justicia Federal evalúa la incorporación de nuevas pruebas recolectadas en los soportes informáticos secuestrados. El próximo paso procesal será la formalización de la imputación de otras ocho personas, entre las que se encuentran tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia de Salta. Los investigadores no descartan que el número de involucrados aumente a medida que se analicen los teléfonos celulares incautados, los cuales podrían contener comunicaciones directas sobre la coordinación de los votos y la entrega de los beneficios en las fechas previas a las contiendas electorales.
