Alejandra García asumió este lunes la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), convirtiéndose en la primera mujer en conducir la entidad en sus 40 años de historia tras imponerse en las elecciones de abril.
La ceremonia de asunción se llevó a cabo en el auditorio de la sede central ubicada en Avenida Corrientes 1441, ante una concurrencia de más de novecientos profesionales del derecho, funcionarios y magistrados. García, quien encabezó la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, sucede en el cargo a Ricardo Gil Lavedra, cerrando un ciclo de cuatro años de gestión del exjuez del Juicio a las Juntas. El acto contó con la presencia de figuras de alto relieve institucional, como el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahíques; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, Inés Weimberg. También asistieron los camaristas federales Mariano Borinsky y Diego Barrotaveña, junto a consejeros de la Magistratura como Alberto Maques y Jimena de la Torre, lo que subrayó el peso político y judicial de la renovación de autoridades en la entidad que nuclea a los abogados matriculados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante su discurso inaugural, García enfatizó que su llegada a la presidencia no debe interpretarse como un logro individual, sino como el corolario de un proceso colectivo de abogadas que han trabajado históricamente por ganar espacios de decisión dentro del Colegio. La flamante presidenta obtuvo un triunfo contundente en los comicios de abril, donde cosechó casi el 50 por ciento de los sufragios, duplicando en votos a su competidor más cercano. García cuenta con una trayectoria interna sólida, habiendo desempeñado funciones como prosecretaria general y coordinadora Legal y Técnica durante las dos administraciones previas de Gil Lavedra. En su alocución, marcó una postura firme respecto a la regulación de la actividad profesional, señalando que promoverá un proyecto para delimitar con claridad las tareas de lobby, con el objetivo de que el ejercicio de la abogacía quede expresamente excluido de tales alcances y se preserve la legitimidad de la defensa de intereses jurídicos.
Contexto
La asunción de García ocurre en un momento de transición para la abogacía organizada en la Capital Federal y coincide con una renovación de autoridades en otras instituciones clave del sector. Simultáneamente, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires —entidad de afiliación voluntaria— realizó su Asamblea General Ordinaria donde también resultó electa una mujer, María Fernanda Mierez, socia del estudio Beccar Varela y especialista en Derecho Societario. Este doble hito femenino en las dos instituciones más representativas de la abogacía porteña refleja un cambio de paradigma en la conducción de los organismos colegiados. Por otro lado, la nueva gestión del CPACF se inicia en la antesala de las elecciones de consejeros graduados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), previstas para la próxima semana. En dicha contienda, García volverá a presentarse como candidata titular por la lista de Graduados y Graduadas Pluralistas, espacio vinculado al actual decano Leandro Vergara, quien estuvo presente en la primera fila del auditorio durante la jura de las nuevas autoridades.
El escenario institucional que recibe a la nueva conducción está marcado por la integración de los órganos de control y disciplina. Previo a la asunción del Consejo Directivo, se formalizaron los cargos de los 433 delegados que integran la Asamblea, distribuidos mediante el sistema D’Hont entre las cinco listas participantes. Asimismo, asumieron los quince miembros titulares y suplentes del Tribunal de Disciplina. El Consejo Directivo quedó conformado por quince miembros, de los cuales diez pertenecen a la lista oficialista Unidad en Defensa de la Abogacía y cinco representan a la primera minoría, garantizando una composición plural en la toma de decisiones para el período que se inicia. Esta estructura deberá lidiar con una agenda gremial que incluye la defensa de los honorarios profesionales y la modernización de los servicios digitales para los matriculados, temas que fueron centrales durante la campaña electoral de abril.
Impacto
La gestión de García deberá enfrentar de inmediato la problemática de la vacancia de cargos en el Poder Judicial, un tema que Gil Lavedra impulsó con insistencia ante el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo. Según datos manejados por operadores del sector judicial, existen juzgados que permanecen sin titulares designados desde hace más de una década, lo que afecta directamente la celeridad de los procesos y el ejercicio profesional de los abogados. García fue contundente al respecto, afirmando que la cobertura de estas vacantes es una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz y que no puede quedar supeditada a las disputas políticas de turno. Este reclamo cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA), lo que anticipa un frente gremial unido ante las autoridades nacionales para exigir la agilización de los concursos y los pliegos de designación.
Otro eje de impacto directo será la relación del Colegio con la sociedad civil en un marco de baja confianza en las instituciones judiciales. La nueva presidenta advirtió que la Justicia atraviesa una crisis de credibilidad profunda que requiere acciones concretas más allá de las declaraciones retóricas. En este sentido, se espera que el Colegio fortalezca su rol como órgano de consulta y control, interviniendo en debates legislativos que afecten el servicio de justicia. La presencia de figuras como la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, y la titular del Ministerio Público de la Defensa porteño, Marcela Millán, sugiere una agenda orientada a la articulación institucional para mejorar el acceso a la justicia. La implementación de políticas de género y la paridad en las estructuras internas del Colegio también se perfilan como prioridades, dado el carácter histórico de esta presidencia que rompe con cuatro décadas de hegemonía masculina en la conducción de la abogacía matriculada.
El próximo paso institucional para García será la definición de las comisiones de trabajo y la articulación con el nuevo directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad, encabezado por Mierez, para unificar reclamos sobre el funcionamiento de los tribunales nacionales y federales. La atención del sector se traslada ahora a los resultados de la elección en la Facultad de Derecho de la UBA la semana entrante, donde se terminará de configurar el mapa de poder de los graduados y su influencia en el Consejo de la Magistratura. La capacidad de la nueva conducción para mantener la autonomía frente al poder político, mientras gestiona soluciones operativas para los abogados de a pie, será el termómetro que defina los primeros cien días de una gestión que ya ha hecho historia por su composición.
