La Justicia bonaerense imputó formalmente a la exjueza Julieta Makintach y a su colaboradora María Lía Vidal Alemán por irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Diego Maradona en San Isidro.
El proceso penal, que cumple un año desde sus primeras revelaciones el pasado 15 de mayo de 2025, se encuentra actualmente en una etapa de definiciones críticas bajo la órbita de la UFI N°1 de San Isidro. El equipo de fiscales, integrado por Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, recolectó evidencia que vincula a la exmagistrada con la producción de un documental titulado “Justicia Divina”. Según fuentes judiciales, la investigación determinó que Makintach utilizó su posición de poder para facilitar grabaciones clandestinas dentro de las audiencias, desoyendo las prohibiciones vigentes y utilizando recursos del Estado para fines de lucro personal. La imputación formal incluye delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, un conjunto de cargos que reflejan la gravedad de la falta ética y legal cometida en el ejercicio de su cargo.
A pesar del avance en la recolección de pruebas, la causa atraviesa un período de estancamiento procesal debido a las estrategias de defensa de la exjueza. Makintach presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, lo que impide que su destitución quede firme y, por consiguiente, demora el llamado a declaración indagatoria. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que, hasta que el máximo tribunal provincial no resuelva este planteo, los fiscales no pueden avanzar con el interrogatorio formal de la principal acusada. Esta situación también afecta la situación procesal de María Lía Vidal Alemán, señalada como la ideóloga del proyecto audiovisual. Los investigadores consideran que Vidal Alemán actuó como partícipe secundaria, pero su indagatoria está supeditada a lo que declare Makintach, ya que ambas figuras están intrínsecamente ligadas en la planificación del film que pretendía comercializarse tras el veredicto del caso Maradona.
La investigación permitió desglosar el modus operandi dentro de la sala de audiencias, donde la exjueza habría alterado el orden jerárquico del tribunal para ganar protagonismo frente a las cámaras. Operadores del mercado judicial señalaron que el comportamiento de Makintach durante el debate ya generaba sospechas por su prepotencia al interrogar testigos y sus constantes retos a los imputados, actitudes que ahora se interpretan como una búsqueda de impacto visual para el documental. El quiebre definitivo se produjo cuando el abogado Julio Rivas, defensor de Leopoldo Luque, identificó a supuestos productores infiltrados entre el público. Estos individuos, identificados como Vidal Alemán y Juan D’Emilio, se hacían pasar por escritores cuando en realidad formaban parte del equipo de producción de la empresa La Doble S.A., propiedad de José Arnal. Si bien Arnal y D’Emilio fueron apartados de la imputación por falta de pruebas sobre su dolo, el material secuestrado en sus dispositivos sigue bajo peritaje técnico.
Contexto
El escándalo estalló en mayo de 2025, en medio de uno de los juicios con mayor trascendencia pública de la historia argentina reciente: la investigación por las responsabilidades médicas en el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Durante una de las audiencias clave, la defensa de los médicos imputados notó irregularidades en la disposición del tribunal y la presencia de cámaras no autorizadas. La denuncia penal inicial fue radicada por el abogado Fernando Burlando, quien solicitó investigar los nexos entre la magistrada y productoras audiovisuales privadas. Este hecho derivó en un juicio político sin precedentes en la ciudad de La Plata, donde un Jurado de Enjuiciamiento presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, decidió por unanimidad la remoción de Makintach en noviembre de 2025. Los antecedentes muestran que la exjueza habría autorizado filmaciones privilegiadas incluso cuando existía una resolución expresa del tribunal que prohibía el ingreso de cámaras de terceros al recinto.
La evidencia recolectada durante los allanamientos iniciales fue contundente y provocó la nulidad del juicio original por la muerte del astro del fútbol. Los fiscales hallaron videos donde se observa a Makintach hablando directamente a cámara en los pasillos del palacio judicial de San Isidro, ensayando intervenciones y desfilando como si se tratara de un set de filmación. Testigos presenciales, incluyendo personal policial y administrativo, declararon que la jueza otorgaba permisos especiales a “su gente” para circular por áreas restringidas con equipos de grabación. Incluso se reportó un incidente donde Makintach desautorizó a una oficial de policía que intentaba impedir que los productores grabaran una audiencia, asegurando que contaban con su aval personal. Este contexto de uso discrecional de la autoridad judicial para un beneficio económico futuro —basado en regalías por imagen e inversiones de terceros— es lo que fundamenta la acusación de cohecho y malversación.
Impacto
El impacto de este caso trasciende la figura de Julieta Makintach y afecta la credibilidad de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en su conjunto. La anulación del juicio por la muerte de Maradona representó un retroceso institucional significativo, obligando a reiniciar procesos, revictimizar a los familiares y generar un gasto extraordinario de recursos públicos. Desde el Colegio de Abogados de San Isidro advirtieron que este tipo de conductas vulneran el principio de imparcialidad y transforman el servicio de justicia en un espectáculo comercializable. La gravedad reside en que una magistrada, encargada de velar por el debido proceso, habría subordinado la búsqueda de la verdad a los tiempos y necesidades de una producción cinematográfica. El daño a la imagen del Poder Judicial es profundo, especialmente en una causa que es seguida con atención por la opinión pública internacional.
Por otro lado, el caso establece un precedente alarmante sobre la seguridad y la privacidad dentro de los tribunales argentinos. La facilidad con la que una productora privada logró infiltrarse en un juicio de alta seguridad, bajo el amparo de la presidencia del tribunal, expone fallas en los mecanismos de control interno. El impacto económico también es relevante para los involucrados: la productora La Doble S.A. vio paralizados sus proyectos vinculados al caso, y el secuestro de material de alta calidad técnica ha dificultado las pericias debido al peso y formato de los archivos. Para los fiscales, probar que existió una promesa de beneficio económico es la clave para sostener la figura de cohecho pasivo, lo que podría derivar en penas de prisión efectiva para la exjueza y su entorno más cercano si se confirma que el erario público financió indirectamente la logística del film.
El futuro de la causa penal depende ahora de la resolución que tome la Suprema Corte bonaerense respecto al recurso presentado por la defensa de Makintach. Se espera que en los próximos meses el tribunal rechace el planteo, lo que dejaría firme la destitución y habilitaría finalmente el llamado a indagatoria. Mientras tanto, los peritos informáticos continúan trabajando en la apertura de los dispositivos de José Arnal para extraer comunicaciones que podrían revelar el alcance total de la planificación del documental. La tensión entre los tiempos procesales y la demanda social de justicia por las irregularidades en el caso Maradona mantiene este expediente como uno de los más sensibles para el sistema judicial de San Isidro, donde aún resta determinar si hubo otros funcionarios que facilitaron el accionar de la exmagistrada.
