La Policía Bonaerense allanó un predio rural en la localidad de Los Hornos, La Plata, donde rescató a 150 personas, entre ellas 51 menores, que vivían en condiciones de hacinamiento y eran víctimas de explotación laboral en la cosecha de tomate.
El operativo, realizado en la intersección de las calles 185 y 80, fue el resultado de una investigación iniciada por la Dirección de Trata de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento permitió constatar la presencia de 99 adultos y 51 menores de edad residiendo en cuatro complejos de viviendas precarias construidas con madera y chapas. Los efectivos policiales reportaron que las instalaciones carecían de servicios básicos adecuados, presentaban conexiones eléctricas improvisadas y un nivel de suciedad incompatible con la habitabilidad. Durante la inspección, se identificó a una menor de 14 años realizando tareas de cosecha, lo que confirmó la alerta inicial sobre trabajo infantil prohibido por la legislación vigente.
La fiscal María Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata, ordenó la detención de tres personas identificadas como Verónica Tumori, de 54 años, Fabio Agostinelli, de 54, y Tiziano Agostinelli, de 52 años. Tumori, quien afirmó ser asistente social y encargada del bienestar de las familias, junto a los otros dos hombres vinculados a la propiedad del terreno, intentaron impedir el secuestro de cuatro teléfonos celulares y mantuvieron una actitud hostil hacia los uniformados. Por este motivo, la fiscalía dispuso su arresto bajo los cargos de resistencia a la autoridad y encubrimiento, mientras se analiza su responsabilidad penal en la red de explotación laboral y las condiciones de servidumbre detectadas en el lugar.
Uno de los hallazgos más alarmantes durante la requisa fue la situación de vulnerabilidad extrema de personas con discapacidad. Los agentes localizaron a una menor en silla de ruedas que fue derivada de inmediato al área local de Niñez y Adolescencia para su asistencia integral. Asimismo, se encontró a un hombre de aproximadamente 30 años con trastorno del espectro autista que permanecía encerrado en una habitación con cadena y candado. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaron que las víctimas percibían apenas $250 por cada cajón de tomate cosechado y cargado. Esta cifra representa una fracción mínima frente a los $50.000 que establece el convenio rural vigente para una jornada laboral de ocho horas, evidenciando un esquema de precarización absoluta.
Contexto
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), organismo que detectó irregularidades durante una inspección de rutina en la zona frutihortícola de La Plata. El cinturón verde platense es una de las regiones productoras más importantes del país, pero históricamente ha presentado altos índices de informalidad laboral. Según datos de organismos de control agrario, la mayoría de los trabajadores hallados en este predio son ciudadanos argentinos provenientes de provincias del norte, conocidos como trabajadores golondrina, que se desplazan según los ciclos de cosecha. La falta de registro formal y la dependencia habitacional respecto del empleador suelen ser los factores que facilitan este tipo de abusos sistemáticos.
Antecedentes en la región indican que el uso de mano de obra infantil en la cosecha de tomate y hortalizas es una problemática recurrente que las autoridades intentan combatir mediante el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. En este caso particular, la magnitud del asentamiento y la presencia de personas con discapacidad en condiciones de encierro agravaron la calificación de la causa. Los investigadores señalaron que el esquema de pago por producción, sin un salario mínimo garantizado ni aportes previsionales, es una práctica extendida en establecimientos que operan por fuera de la normativa del Ministerio de Trabajo, aprovechando la vulnerabilidad económica de familias desplazadas de sus provincias de origen.
Impacto
Este procedimiento pone de manifiesto la persistencia de estructuras de explotación laboral en sectores clave de la economía regional y la necesidad de reforzar los controles en los predios rurales de difícil acceso. El impacto inmediato recae sobre la asistencia de las 150 personas rescatadas, quienes ahora dependen de la intervención de los organismos de desarrollo social para garantizar su alimentación y refugio, dado que sus viviendas en el predio fueron clausuradas preventivamente por peligro de derrumbe e insalubridad. La justicia busca determinar ahora si existía una red de captación de personas en el norte del país bajo falsas promesas laborales para luego someterlas a estas condiciones de vida.
Desde el punto de vista legal, la detención de los propietarios y la supuesta asistente social marca un precedente en la persecución de los responsables directos de la logística de explotación. La incautación de los teléfonos celulares será clave para desentramar las comunicaciones y posibles vínculos con otros establecimientos de la zona. Además, el caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los comercializadores de frutas y verduras en la trazabilidad de sus productos, ya que la mercadería producida bajo condiciones de servidumbre y trabajo infantil ingresa al mercado formal sin mayores obstáculos, afectando la competencia leal con aquellos productores que cumplen con las normativas laborales y sanitarias.
La fiscalía continuará en los próximos días con la toma de declaraciones testimoniales a los adultos rescatados para profundizar la imputación por trata de personas con fines de explotación laboral. Se espera que los peritajes sobre los elementos secuestrados aporten pruebas sobre la duración de estas actividades en el predio de Los Hornos y la posible participación de otros actores en la cadena de distribución. Mientras tanto, los tres detenidos permanecen a disposición del Departamento Judicial de La Plata, a la espera de ser indagados por los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y las infracciones a la Ley de Trata.
