La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la absolución del psiquiatra Jorge Monforte, quien estaba imputado por el homicidio del inspector Juan Pablo Roldán, asesinado en Palermo en septiembre de 2020 por un paciente psiquiátrico.
La resolución del máximo tribunal, adoptada mediante una votación dividida de tres votos contra dos, desestimó los recursos de queja presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella que representaba a la familia del efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA). Con esta decisión, los magistrados ratificaron los fallos previos de las instancias inferiores que consideraron que no existió una responsabilidad penal directa del médico en el accionar violento de su paciente, Rodrigo Facundo Roza. El proceso judicial, que se extendió por casi cuatro años, analizó si el profesional incurrió en los delitos de abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo al no haber ordenado la internación de Roza antes del ataque fatal en la vía pública.
El fallo contó con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a quienes se sumó el conjuez Jorge Morán. Este bloque mayoritario aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar el planteo de la Procuración General de la Nación por considerarlo inadmisible. En cuanto al recurso de la familia de Roldán, los jueces señalaron que no se cumplieron las formalidades técnicas exigidas por la acordada 4/2007 de la Corte. Por el contrario, los jueces Horacio Rosatti y Carolina Robiglio votaron en disidencia, argumentando que los recursos eran procedentes y que se debía dictar una nueva sentencia que revisara profundamente la conducta del psiquiatra frente a las señales de descompensación que presentaba el paciente días antes del crimen.
Durante el debate oral realizado en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28, la fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión e inhabilitación profesional, mientras que la querella elevó el pedido a 10 años de cárcel. La acusación se centraba en que Monforte, quien trataba a Roza desde el año 2014 por un trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo, habría ignorado las advertencias de la familia del atacante. Según consta en el expediente judicial, los allegados de Roza se comunicaron con el médico días antes del 28 de septiembre de 2020 para informarle que el hombre había abandonado la medicación y presentaba conductas erráticas. Ante esto, el profesional solo ajustó la dosis farmacológica de forma remota y programó una consulta presencial para el mes de octubre, sin activar los protocolos de internación de urgencia previstos en la Ley de Salud Mental.
Contexto
El hecho que originó esta causa ocurrió el 28 de septiembre de 2020, en plena vigencia de las restricciones por la pandemia, sobre la avenida Figueroa Alcorta, a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Rodrigo Facundo Roza, en medio de un brote psicótico, amenazaba a los clientes de un bar gastronómico con un cuchillo de grandes dimensiones. El inspector Juan Pablo Roldán, de 33 años y padre de un niño pequeño, intervino para intentar deponer la actitud del agresor sin utilizar su arma de fuego de manera letal en primera instancia. En el forcejeo, Roza le asestó cuatro puñaladas, una de ellas en el corazón. Roldán logró disparar y herir a su atacante antes de desplomarse. Ambos fallecieron poco después: el policía en el Sanatorio Mater Dei y el agresor en el Hospital Fernández.
La muerte de Roldán generó un intenso debate político y social sobre los protocolos de actuación policial ante personas con facultades mentales alteradas y el uso de pistolas de baja letalidad. Sin embargo, el eje judicial se desplazó hacia la responsabilidad civil y penal de los médicos tratantes. En 2021, el juez de instrucción Diego Slupski procesó a Monforte entendiendo que el psiquiatra era el garante de la conducta de su paciente y que su omisión de actuar ante un riesgo cierto e inminente configuraba un delito. Esta visión fue respaldada inicialmente por la Cámara Nacional de Apelaciones, lo que llevó al médico al banquillo de los acusados en agosto de 2023, donde finalmente resultó absuelto por el juez Carlos Rengel Mirat, decisión que ahora la Corte Suprema deja firme de manera definitiva.
Impacto
La sentencia de la Corte Suprema establece un precedente fundamental para el ejercicio de la psiquiatría en Argentina, al delimitar los alcances de la responsabilidad penal de los profesionales frente a actos imprevisibles de sus pacientes. Según fuentes del ámbito jurídico y asociaciones de profesionales de la salud mental, una condena contra Monforte habría generado una situación de inseguridad jurídica para los médicos, quienes podrían verse forzados a realizar internaciones preventivas defensivas para evitar consecuencias legales personales, afectando los derechos de libertad de los pacientes ambulatorios. El fallo subraya que la medicina no es una ciencia exacta y que no se puede imputar un resultado criminal a un profesional por no haber previsto un brote violento de forma infalible.
Para la familia de Juan Pablo Roldán, el impacto es de una profunda desazón. La viuda del oficial y sus abogados sostuvieron durante todo el proceso que el sistema de salud falló en su deber de control, dejando a una persona peligrosa sin supervisión en la vía pública. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en diversas gestiones, se ha utilizado este caso como argumento para modificar la capacitación de las fuerzas de seguridad en el manejo de crisis de salud mental. El cierre de la causa penal contra Monforte implica que no habrá responsables legales por la cadena de omisiones médicas que, según la fiscalía, permitieron que Roza llegara armado a la zona de los bosques de Palermo aquel mediodía de septiembre.
Con el rechazo de la Corte Suprema, se agotan todas las instancias ordinarias y extraordinarias en la justicia argentina para este caso. La defensa de Monforte, que siempre sostuvo que el médico actuó bajo los parámetros de la Lex Artis y que la internación compulsiva es una medida de última ratio según la legislación vigente, considera que el fallo hace justicia sobre un profesional que fue utilizado como chivo expiatorio de una tragedia social. La resolución final deja pendiente la discusión legislativa sobre posibles reformas a la Ley de Salud Mental N° 26.657, especialmente en lo que respecta a la agilidad de los procesos de internación involuntaria cuando existe riesgo para terceros, un punto que fue el centro de la controversia técnica entre los peritos y los jueces durante todo el proceso.
