El exfutbolista Damián Manusovich evitó el juicio oral tras alcanzar un acuerdo económico con la familia de Lourdes Antonini, la joven de 20 años que murió el pasado 4 de diciembre al ser golpeada por un cartel publicitario en Villa Devoto.
La resolución judicial, homologada por el juez Darío Bonnano, extingue la acción penal contra el empresario en la causa caratulada como homicidio culposo. El hecho ocurrió en la calle Chivilcoy al 3600, donde una estructura de madera de más de 2,30 metros de altura se desplomó sobre la víctima, causándole una hemorragia meningoencefálica fatal de forma instantánea. Según fuentes judiciales, el acuerdo se basó en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que permite la reparación integral en delitos de naturaleza culposa cuando el imputado carece de antecedentes penales, como es el caso del exdefensor de San Lorenzo. El monto de la indemnización, aunque se mantiene bajo estricta reserva por pedido de las partes, fue calificado por operadores del mercado legal como una cifra sumamente elevada y nominada en dólares estadounidenses.
La investigación liderada por el fiscal Andrés Madrea determinó que el cartel que provocó la tragedia no contaba con la habilitación correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las pericias realizadas por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires fueron determinantes para establecer la responsabilidad de los desarrolladores. El informe técnico detalló que la estructura estaba conformada por paneles de fenólico de más de 20 kilos cada uno, sostenidos de manera precaria sobre tierra removida y sin un talud de contención adecuado. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, Manusovich aparecía vinculado al proyecto inmobiliario a través de la empresa MMCV Emprendimientos S.A. y de dos fideicomisos denominados “Boulevard Chivilcoy” y “Boulevard Chivilcoy II”, figurando incluso como comitente personal en contratos de locación de obra que datan de septiembre de 2022.
A pesar de que la defensa del empresario intentó desvincular a la firma MMCV alegando que la gestión de la construcción recaía en profesionales ajenos a la sociedad, la fiscalía mantuvo la imputación basándose en la documentación secuestrada. En los contratos analizados, se especificaba que el comitente encomendaba a MMCV las tareas de anteproyecto y proyecto de la obra destinada a viviendas. Además, el logo de la desarrolladora era visible en la cartelería de obra ubicada debajo de la estructura que colapsó. Ante este escenario, la familia de Antonini, quien se desempeñaba como empleada del Ejército Argentino, optó por la reparación económica tras evaluar que una condena de prisión efectiva para los responsables era improbable bajo la calificación de homicidio culposo, que suele derivar en penas de ejecución condicional o tareas comunitarias.
Contexto
El incidente se produjo en un momento de intensa actividad inmobiliaria en el barrio de Villa Devoto, donde los controles sobre las estructuras publicitarias de las obras en construcción han sido objeto de debate vecinal. Lourdes Antonini caminaba por la vereda de la calle Chivilcoy cuando el cubo publicitario, que funcionaba como empalizada y soporte de renders del edificio en desarrollo, cedió ante la falta de anclajes firmes. Los antecedentes del caso muestran que el fiscal Madrea había solicitado la indagatoria de Manusovich y otros cinco sospechosos a mediados de marzo, tras corroborar que el gobierno del negocio y el beneficio principal del proyecto inmobiliario estaban en cabeza de la desarrolladora fundada por el exfutbolista. La doctrina judicial vigente en el fuero federal ha comenzado a priorizar la escucha a las víctimas, permitiendo que este tipo de soluciones alternativas cierren procesos que, de otro modo, podrían extenderse durante años en el fuero civil sin garantizar un resarcimiento efectivo.
Históricamente, la figura de la reparación integral ha sido utilizada en accidentes de tránsito o negligencias profesionales donde no existe dolo, es decir, intención de matar. En este caso, la falta de antecedentes de los directivos de MMCV y la solvencia demostrada para afrontar el pago inmediato facilitaron la homologación del acuerdo. No obstante, la causa penal no se ha cerrado para todos los involucrados. Mientras Manusovich y los miembros de su estudio de arquitectura quedaron sobreseídos tras el pago, otros dos profesionales directamente ligados a la dirección técnica y la ejecución material de la obra continúan procesados por las supuestas negligencias que derivaron en el derrumbe de la estructura de madera sobre la vía pública.
Impacto
Este acuerdo marca un precedente relevante en la responsabilidad civil y penal de los desarrolladores inmobiliarios de alto perfil en la Ciudad de Buenos Aires. El impacto directo se observa en la celeridad con la que se resolvió la situación procesal del principal referente de la obra, evitando la exposición de un juicio oral que podría haber afectado la reputación de la firma MMCV. Para el mercado de la construcción, el caso subraya la necesidad de extremar las medidas de seguridad no solo dentro de los predios, sino también en los elementos publicitarios externos que, como quedó demostrado, pueden representar un riesgo letal para los peatones si no cuentan con supervisión técnica y habilitación municipal.
Por otro lado, la resolución genera una tensión en la percepción social de la justicia, al permitir que una capacidad económica elevada resuelva una imputación por una muerte. Sin embargo, desde el entorno de la familia Antonini indicaron que la decisión de aceptar el acuerdo fue pragmática, buscando evitar un proceso de revictimización que no garantizaba una pena de cárcel para los empresarios. La aplicación del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal en este contexto reafirma la tendencia hacia una justicia restaurativa donde el foco se desplaza del castigo penal hacia la compensación de los deudos, siempre que estos presten su consentimiento expreso ante el magistrado interviniente.
Tras la homologación del acuerdo y la fiscalización del pago por parte del juzgado, la clausura que pesaba sobre el predio de la calle Chivilcoy fue levantada. El proyecto inmobiliario podrá continuar su curso, aunque bajo la lupa de la Inspección General de Justicia, que recibió un requerimiento del juez Bonnano para auditar toda la documentación societaria de MMCV. El expediente seguirá adelante respecto a los dos procesados restantes, quienes deberán responder por las fallas técnicas específicas señaladas por los peritos de bomberos, mientras la familia de la víctima se retira de la querella tras haber percibido la indemnización acordada.
