El Gobierno de Bolivia confirmó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos instalará oficinas operativas en La Paz, marcando el retorno oficial del organismo tras casi 18 años de su expulsión del territorio nacional.
La medida se formalizó tras una misión oficial en Washington, donde el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel William Cabrera, mantuvieron reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses. Según informaron fuentes del Ministerio de Gobierno, el acuerdo inicial contempla el despliegue de dos agentes de la DEA que operarán desde la sede de gobierno boliviana. El objetivo central de esta delegación será el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento institucional de las fuerzas locales, enfocándose en la desarticulación de redes transnacionales que operan en la región. Justiniano precisó que, en esta primera etapa, la labor será estrictamente de inteligencia y colaboración técnica, descartando por el momento la participación de agentes extranjeros en operativos de campo o incursiones tácticas dentro del territorio.
Uno de los ejes que aceleró esta cooperación fue la reciente captura y extradición de Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo detenido en Santa Cruz de la Sierra el pasado 13 de marzo. Marset, quien ya se encuentra bajo custodia de la DEA en Estados Unidos enfrentando cargos por lavado de dinero, dejó tras de sí una estructura criminal que las autoridades bolivianas aún intentan desmantelar. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que, si bien se han realizado múltiples allanamientos y existen al menos 20 personas detenidas vinculadas a esta organización, la red todavía mantiene capacidad operativa. La presencia de la DEA en La Paz busca precisamente aportar la trazabilidad financiera y los nexos internacionales que permitan clausurar definitivamente las ramificaciones de la banda de Marset en el Cono Sur, trabajando en conjunto con agregados policiales de Argentina, Brasil, Paraguay y España.
El viceministro Justiniano fue enfático al delimitar el radio de acción de los agentes estadounidenses, aclarando que no tendrán presencia en el Trópico de Cochabamba. Esta región es considerada el núcleo de la producción de hoja de coca y el principal bastión político del expresidente Evo Morales, quien en 2008 ordenó la salida de la agencia bajo acusaciones de espionaje y conspiración. Desde la administración de Rodrigo Paz, que asumió el poder hace seis meses, se ha buscado diferenciar la política de seguridad de la gestión anterior, priorizando la apertura hacia organismos internacionales para frenar el avance del crimen organizado. Fuentes oficiales indicaron que la intención es profesionalizar la Felcn mediante el acceso a tecnología y bases de datos globales que la DEA administra, algo que se había visto limitado durante casi dos décadas de aislamiento en materia de seguridad bilateral con Washington.
Contexto
La relación entre Bolivia y la DEA ha estado marcada por la tensión ideológica y la soberanía sobre el cultivo de coca. En 2008, Evo Morales no solo expulsó a la agencia antidrogas, sino también al entonces embajador Philip Goldberg, rompiendo una tradición de cooperación que databa de la década de 1970. Durante los años posteriores, Bolivia implementó un modelo de “nacionalización” de la lucha contra el narcotráfico, basado en el control social de los cultivos. Sin embargo, los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sitúan a Bolivia como el tercer productor mundial de hoja de coca, solo superado por Colombia y Perú. Actualmente, el país cuenta con una superficie de 31.000 hectáreas sembradas, de las cuales solo 22.000 están amparadas por la Ley General de la Coca, dejando un excedente de 9.000 hectáreas que se desvían hacia la producción de clorhidrato de cocaína.
Este escenario de sobreproducción legal e ilegal ha generado una presión creciente sobre las fronteras bolivianas, convirtiendo al país en un nodo logístico clave para el tráfico hacia Europa a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y hacia los mercados regionales de Brasil y Argentina. La administración de Rodrigo Paz heredó una estructura de seguridad que, según analistas del sector, carecía de los recursos técnicos para enfrentar a carteles con alta capacidad de fuego y sofisticación financiera. El retorno de la DEA se produce en un momento de reconfiguración geopolítica en la región, donde el nuevo gobierno boliviano busca reinsertarse en los circuitos de asistencia financiera y técnica de Occidente, utilizando la lucha contra las drogas como la principal carta de presentación diplomática ante la Casa Blanca.
Impacto
El regreso de la agencia estadounidense tiene implicancias directas tanto en la política interna como en la seguridad regional. En el plano doméstico, la decisión profundiza la fractura con los sectores cocaleros del Chapare, quienes ven la presencia de la DEA como una amenaza a su autonomía y una posible antesala de programas de erradicación forzosa. No obstante, para el sector urbano y empresarial de Santa Cruz y La Paz, la medida es vista como un paso necesario para reducir los niveles de violencia vinculados al sicariato y el lavado de activos que han aumentado en el último trienio. Desde el punto de vista operativo, la integración de Bolivia a los sistemas de alerta temprana de Estados Unidos permitirá una mayor eficacia en la interceptación de vuelos irregulares y el control de precursores químicos, elementos esenciales para la fabricación de droga en laboratorios selváticos.
A nivel internacional, el impacto se sentirá en la coordinación con los países vecinos. La oficina en La Paz funcionará como un centro de enlace que facilitará la ejecución de órdenes de captura internacionales y el seguimiento de activos financieros. Operadores del mercado de seguridad señalan que la presencia de la DEA suele venir acompañada de mayores partidas presupuestarias para equipamiento y capacitación de las fuerzas especiales locales. Esto podría nivelar la balanza en una frontera compartida con cinco países, donde el control territorial es históricamente poroso. El fortalecimiento institucional que busca el coronel William Cabrera al frente de la Felcn apunta a recuperar la confianza de organismos de financiamiento internacional que exigen estándares de transparencia y resultados medibles en la incautación de sustancias ilícitas.
El próximo paso de esta nueva etapa bilateral será la definición del protocolo de inmunidades y privilegios para el personal estadounidense que se radicará en La Paz. Se espera que en el segundo semestre del año se realice una evaluación de los primeros resultados en materia de inteligencia compartida, lo que determinará si la cooperación se extiende a operativos conjuntos en el terreno. Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno mantiene la vigilancia sobre la red de Sebastián Marset, cuya desarticulación total se ha convertido en la prueba de fuego para demostrar la efectividad de esta renovada alianza con Washington en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
