Un tribunal federal de Arizona condenó este miércoles a 11 años de prisión a Ofelia Hernández Salas, alias “Doña Lupe”, por liderar una red trasnacional de tráfico de personas que operaba en la frontera entre México y Estados Unidos.
La sentencia dictada contra la mujer de 64 años marca el fin de una de las organizaciones más prolíficas del norte mexicano, cuya base de operaciones se encontraba en Mexicali, Baja California. Según informaron fuentes del Departamento de Justicia de EE.UU., Hernández Salas se había declarado culpable de conspiración para el tráfico de personas con fines de lucro financiero. El esquema delictivo no se limitaba al cruce ilegal de fronteras; las investigaciones judiciales determinaron que la banda, conocida como la organización Hernández Salas, sometía a los migrantes a robos a mano armada, extorsiones y secuestros mientras esperaban el momento de ingresar a territorio estadounidense. El vicefiscal general A. Tysen Duva señaló que la acusada aumentó deliberadamente el peligro mortal para las víctimas al añadir actos criminales violentos a las operaciones de contrabando.
El funcionamiento de la red era sofisticado y contaba con una estructura de apoyo que incluía falsificación de documentos y sobornos a autoridades locales. De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los migrantes pagaban sumas que oscilaban entre los US$ 10.000 y los US$ 70.000 por el traslado. La organización utilizaba facilitadores en diversas regiones para mover a personas no solo de México y Centroamérica, sino también de países remotos como Bangladesh, Yemen, Pakistán, Rusia, Egipto y Uzbekistán. Una vez en Mexicali, las víctimas eran retenidas en casas de seguridad o en hoteles específicos que colaboraban con la red, donde en ocasiones eran asaltadas con cuchillos y armas de fuego para despojarlas de sus últimas pertenencias antes del cruce final mediante el uso de escaleras y tablones sobre canales fronterizos.
La estructura jerárquica de la banda incluía nombres clave que también fueron alcanzados por las sanciones estadounidenses. Entre los cómplices identificados se encuentran Raúl Saucedo Huipio, considerado el principal colaborador de Hernández Salas; Jesús Gerardo Chávez Tamayo, encargado de la logística en Sinaloa; y Fátima del Rocío Maldonado López, responsable de la alteración de documentos de identidad en Chiapas. Además, Federico Hernández Sánchez operaba directamente en el ingreso de los indocumentados a suelo estadounidense. Según operadores del mercado de seguridad fronteriza, la organización mantenía vínculos operativos con el Cartel de Sinaloa, utilizando en ocasiones a los mismos migrantes como mulas para el transporte de estupefacientes hacia el norte, lo que integraba el tráfico de personas con el negocio del narcotráfico a gran escala.
Contexto
La trayectoria criminal de Ofelia Hernández Salas se extiende por más de un cuarto de siglo, comenzando en la década de 1990 con la falsificación de documentos en su estado natal, Guerrero. Su historial con la justicia estadounidense no es nuevo: en 2008 fue arrestada en el condado de Orange, California, por reingreso ilegal, y en 2011 cumplió una condena de 18 meses de prisión antes de ser deportada en 2012. A pesar de estas sanciones, su actividad en la frontera se intensificó. En 2019, la Policía Estatal Preventiva de Baja California la detuvo en Mexicali tras hallar a cuatro ciudadanos de la India bajo su custodia, aunque recuperó la libertad poco después para continuar expandiendo su red global.
El arresto definitivo que derivó en la condena actual ocurrió en marzo de 2023, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR) de México e Interpol. Esta acción fue el resultado de una acusación formal presentada por un gran jurado de Arizona en 2021, basada en testimonios de 15 migrantes que contrataron sus servicios entre 2020 y 2021. Analistas de seguridad en México, como David Saucedo, ubican a la organización de Hernández Salas en una categoría intermedia dentro del ecosistema criminal fronterizo. No se trataba de los tradicionales “polleros” familiares ni de un cartel de droga en sí mismo, sino de una banda de nivel medio con capacidad logística internacional que servía de puente para las grandes estructuras delictivas que dominan el corredor del Pacífico.
Impacto
La condena de “Doña Lupe” tiene una relevancia institucional que trasciende la detención de una persona, ya que golpea el corazón financiero de una red que lograba evadir los controles biométricos y de seguridad nacional de EE.UU. mediante documentación fraudulenta. Según indicaron desde el Departamento del Tesoro, este tipo de organizaciones socavan el sistema de asilo y ponen en riesgo la integridad de los procesos de investigación de antecedentes, lo que genera una mayor presión sobre los recursos de la Patrulla Fronteriza. Para el sistema judicial estadounidense, la sentencia de 11 años busca enviar un mensaje disuasorio a otras 30 o 40 bandas de nivel medio que operan bajo modalidades similares en la zona fronteriza, lucrando con la vulnerabilidad de ciudadanos de Asia y Medio Oriente.
En términos humanitarios, la desarticulación de esta célula reduce temporalmente la violencia en el sector de Mexicali, donde la organización Hernández Salas era señalada por tácticas de secuestro y extorsión contra los propios migrantes que supuestamente ayudaba. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que el impacto a largo plazo podría ser limitado si no se desmantelan las redes de corrupción que permitieron a la mujer operar durante 25 años. La desaparición de una figura central como Hernández Salas suele generar un vacío que es rápidamente ocupado por otras facciones del crimen organizado, especialmente aquellas vinculadas directamente a los carteles que buscan monopolizar el flujo migratorio como una unidad de negocios complementaria al tráfico de fentanilo y cocaína.
Tras la lectura de la sentencia, Ofelia Hernández Salas permanecerá bajo custodia federal, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen bajo vigilancia los activos financieros de sus colaboradores. El próximo paso en la estrategia binacional contra el tráfico de personas se centrará en la persecución de los hoteles y empresas de transporte que brindaron apoyo tecnológico y logístico a la red, buscando cortar el flujo de dinero que sostiene estas operaciones trasnacionales. La tensión en la frontera sur de EE.UU. persiste, mientras se espera que nuevas extradiciones de miembros de nivel medio de la organización se concreten en los próximos meses.
