El municipio de Villa La Angostura fue denunciado ante la Fiscalía local por ingresar maquinaria y personal en lotes privados, sin autorización de sus dueños, para instalar una cisterna de agua destinada a la comunidad mapuche Paicil Antriao.
La presentación judicial, que también fue elevada a la Auditoría municipal y a la Defensoría del Pueblo, detalla que el pasado viernes operarios de la Secretaría de Servicios Públicos forzaron accesos y dañaron candados para posicionar equipos pesados en predios particulares. Según consta en la denuncia patrocinada por abogados locales, la municipalidad transformó un antiguo sendero de montaña en un camino vehicular de ripio para facilitar el traslado de una cisterna de gran porte. Los propietarios afectados sostienen que esta intervención constituye una violación de la propiedad privada y un presunto uso arbitrario de recursos públicos para beneficiar a un grupo que mantiene litigios territoriales abiertos en la zona del Cerro Belvedere y el Lago Correntoso. Fuentes judiciales confirmaron que la causa se caratuló preventivamente bajo las figuras de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras se evalúan los daños materiales ocasionados en los cercos perimetrales y la vegetación autóctona del sector.
El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, evitó dar precisiones técnicas sobre la orden que habilitó el ingreso de las retroexcavadoras a los lotes en disputa. El jefe comunal se limitó a señalar que el conflicto ya se encuentra bajo análisis del cuerpo de asesores letrados del municipio y que, por el momento, no realizará declaraciones adicionales para no entorpecer el proceso administrativo. Por su parte, desde la comunidad Paicil Antriao, el vocero Lorenzo Loncón rechazó las acusaciones de los propietarios y calificó las denuncias como actos de “mala fe”. Loncón defendió la legalidad de la obra argumentando que el acceso al agua es un derecho humano básico y que la intervención municipal busca, además, garantizar una reserva hídrica para la prevención de incendios forestales en una zona de interfase crítica. El referente mapuche negó la apertura de una calle nueva, asegurando que solo se utilizó una “huella” preexistente, y enmarcó la situación en un proceso de recuperación territorial ancestral que, según su visión, no debería ser judicializado como un delito común.
Contexto
La disputa por las tierras en Villa La Angostura no es un fenómeno reciente, sino que forma parte de una escalada de tensiones que involucra a la comunidad Paicil Antriao desde hace más de una década. Este grupo mantiene ocupaciones en sectores estratégicos de la localidad neuquina, incluyendo áreas de alta plusvalía inmobiliaria y zonas destinadas a infraestructura pública nacional. Uno de los puntos de mayor fricción se localiza en el trazado proyectado de la Ruta de Circunvalación, una obra vial clave diseñada para desviar el tránsito pesado que actualmente atraviesa el centro urbano de la villa. La instalación de familias vinculadas a la comunidad sobre el eje de la traza ha paralizado tramos específicos de la construcción, generando un conflicto directo con Vialidad Nacional. Asimismo, la comunidad enfrenta litigios con figuras públicas de alto perfil, como el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, quien posee tierras en el mismo cerro donde se produjo el incidente de la cisterna.
A nivel administrativo, la situación de la comunidad Paicil Antriao se encuentra en un limbo legal debido a la falta de la denominada “carpeta técnica” de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. El gobierno de la provincia de Neuquén aún no ha completado el relevamiento que otorgaría el reconocimiento formal a la ocupación, un paso indispensable para que el Estado pueda avanzar en procesos de regularización o, por el contrario, ejecutar órdenes de desalojo. Actualmente, existen fallos judiciales firmes que ordenan la restitución de predios a sus dueños originales, pero la ejecución de estas sentencias ha sido postergada sistemáticamente por el poder político para evitar enfrentamientos sociales. En este escenario, la intervención del municipio para proveer servicios básicos a un asentamiento que carece de títulos de propiedad es vista por los denunciantes como una validación de hecho de las ocupaciones ilegales, contraviniendo las normativas de planeamiento urbano vigentes en la localidad.
Impacto
El impacto de esta maniobra municipal trasciende el daño material en los lotes y se instala en el centro del debate sobre la seguridad jurídica en la región cordillerana. Para los operadores del mercado inmobiliario y las cámaras de comercio locales, el accionar del Ejecutivo municipal sienta un precedente peligroso al utilizar fondos y maquinaria pública para consolidar asentamientos que no cuentan con la aprobación de los planos de mensura ni con la titularidad de la tierra. Los denunciantes advierten que, si el municipio puede ingresar a cualquier propiedad privada para realizar obras de infraestructura sin previo aviso ni orden judicial de servidumbre de paso, se vulneran las garantías constitucionales básicas que protegen el derecho de propiedad. Además, el uso de recursos del erario público para obras en terrenos en litigio podría derivar en cargos por malversación de caudales públicos, dado que la inversión se realiza sobre activos que no pertenecen al dominio estatal ni cuentan con la anuencia de los titulares registrales.
Desde la perspectiva social, la obra de la cisterna profundiza la división entre los vecinos de Villa La Angostura y las comunidades originarias. Mientras que la comunidad Paicil Antriao exige el reconocimiento de sus derechos ancestrales y el acceso a servicios básicos como agua y electricidad, los propietarios afectados denuncian una política de “hechos consumados” donde el Estado municipal actúa como facilitador de las tomas de tierras. La falta de una respuesta clara por parte del intendente Murer ha generado un clima de incertidumbre que afecta no solo a los dueños de los lotes en el Cerro Belvedere, sino también a futuros inversores que ven con preocupación la discrecionalidad en el manejo de las tierras públicas y privadas. La Defensoría del Pueblo ha comenzado a recibir quejas de otros sectores que también reclaman obras de agua, cuestionando por qué se priorizó una zona en conflicto legal por sobre barrios debidamente regularizados que sufren escasez del recurso durante la temporada estival.
La resolución de este conflicto queda ahora supeditada al avance de la investigación fiscal, que deberá determinar quién dio la orden directa para el ingreso de las máquinas y si existió una partida presupuestaria específica asignada a esta obra. En las próximas semanas, se espera que la Auditoría municipal emita un informe sobre la legalidad del procedimiento administrativo seguido por la Secretaría de Servicios Públicos. Mientras tanto, la tensión en el Cerro Belvedere permanece alta, con los propietarios reforzando la vigilancia en sus terrenos y la comunidad mapuche manteniendo la custodia de la cisterna instalada, a la espera de que el gobierno provincial acelere la entrega de la documentación técnica que defina, de una vez por todas, los límites territoriales en disputa.
