El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, encabezó ayer un encuentro con cuidacoches y limpiavidrios en la Catedral cordobesa, donde advirtió que el retroceso de la economía popular facilita la expansión de estructuras delictivas en los sectores vulnerables.
La convocatoria, organizada por la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, funcionó como una respuesta institucional de la Iglesia frente a la reciente aprobación de reformas legislativas que restringen el trabajo informal en la vía pública. Rossi, acompañado por referentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), enfatizó que la respuesta estatal no debe ser la exclusión ni la estigmatización de quienes subsisten en la marginalidad. Según indicaron fuentes de la arquidiócesis, el evento buscó visibilizar la fragilidad social de los denominados “naranjitas” en un momento de alta tensión política por el control del espacio urbano. El cardenal destacó la dignidad de los trabajadores y llamó a la dirigencia política a evitar la insensibilidad frente a un sector que, ante la falta de oportunidades y el avance de las adicciones, encuentra en estas tareas su único sustento diario.
En términos operativos, la postura de la Iglesia se contrapone a la decisión de la Legislatura de Córdoba, que el pasado 9 de abril aprobó cambios en el Código de Convivencia. Esta norma prohíbe explícitamente la actividad de cuidacoches no autorizados y limpiavidrios en todo el territorio provincial, estableciendo penas de hasta seis días de arresto para quienes exijan pagos por estacionamiento en la calle. Si bien la ley contempla la creación del Programa Transitorio de Inclusión Sociolaboral de Personas Cuidacoches y Limpiavidrios Urbanos, desde los sectores gremiales advierten que no se han especificado los mecanismos de implementación ni los plazos para la reconversión laboral de los afectados. Operadores del mercado laboral informal señalaron que la medida impacta directamente sobre miles de familias que dependen del ingreso diario generado en las zonas céntricas y barrios periféricos de la capital provincial.
Contexto
La relación entre el cardenal Rossi y los sectores populares se asienta en una trayectoria ligada directamente al legado del papa Francisco. Rossi, quien se define como “hijo espiritual” de Jorge Mario Bergoglio, mantiene un vínculo con el actual Sumo Pontífice desde 1976, cuando ingresó a la Compañía de Jesús bajo la supervisión del entonces superior jesuita en Argentina. Esta impronta se refleja en la adopción de la agenda de las “tres T” (tierra, techo y trabajo), promovida por el Vaticano a través de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares. En Córdoba, esta línea pastoral se tradujo en una intervención activa durante diciembre de 2025, cuando la Iglesia logró postergar el debate legislativo inicial para proponer alternativas de regularización en lugar de la prohibición lisa y llana.
El escenario económico actual agrava la situación de estos trabajadores. De acuerdo con datos del Clúster Reciclador y Cartonero, la crisis se profundizó tras la eliminación del programa nacional Potenciar Trabajo y una caída de entre el 40% y el 50% en los ingresos de los recicladores debido al desplome del precio de los materiales. En la provincia de Córdoba, aproximadamente 5.000 personas se desempeñan en el reciclado a través de 50 cooperativas, mientras que la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) nuclea a unas 1.500 familias. A nivel nacional, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular contabiliza más de 2 millones de personas en situaciones de informalidad similar, lo que otorga al conflicto cordobés una relevancia que trasciende las fronteras provinciales.
Impacto
La sanción de la nueva ordenanza en el Concejo Deliberante, aprobada con 21 votos afirmativos apenas horas después del encuentro en la Catedral, redefine por completo el sistema de estacionamiento medido en la capital. El nuevo esquema, impulsado por la gestión del intendente Daniel Passerini, establece que el cobro será exclusivamente digital a través de una aplicación móvil, eliminando el manejo de dinero en efectivo en la vía pública. Esta medida busca desplazar la gestión informal que los “naranjitas” ejercieron durante décadas. Para los usuarios, esto implica una ampliación de las zonas de pago de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 14, mientras que para los trabajadores informales representa una barrera tecnológica y administrativa que podría dejarlos fuera del sistema.
Desde la oposición, bloques como Ciudadanos han respaldado la regulación bajo el argumento de terminar con lo que denominan la “extorsión” y la “violencia” en las calles, asegurando que el municipio debe recuperar el control total de la recaudación. Sin embargo, el impacto social es incierto. El abogado Sergio Job, integrante de Córdoba Comunidad, señaló que la articulación con la Vicaría de los Pobres permitió que algunas cooperativas avancen hacia un proceso de regularización con cobro digital, pero la gran mayoría de los trabajadores independientes enfrentan ahora el riesgo de la criminalización. La Iglesia advierte que, sin un abordaje sistémico que contemple la pobreza y las adicciones, la prohibición solo trasladará el problema hacia zonas de mayor vulnerabilidad o hacia la economía delictiva.
El próximo paso clave será la reglamentación de la ordenanza por parte del Ejecutivo municipal, donde se definirán qué cooperativas serán autorizadas para prestar servicios en eventos masivos y cómo se integrará a los trabajadores actuales al programa de inclusión prometido. La tensión entre el control del espacio público y la supervivencia de los sectores más postergados permanece abierta, mientras la Iglesia cordobesa ratifica que mantendrá su rol de mediadora y observadora crítica de las políticas de seguridad urbana que afecten a los trabajadores de la economía popular.
